El sector del taxi pidió ayer a Fomento que estudie la posibilidad de sombrear o cerrar páginas web que ofrecen transporte público de viajeros en vehículos particulares al margen de la legislación vigente, como es el caso de la aplicación Uber Pop, según el presidente de Fedetaxi, Julio Moreno.
La propuesta se hizo en el Comité Nacional del Transporte por Carretera, al que asistió la secretaria general de Transportes, Carmen Librero, quien se comprometió a poner en la agenda de la ministra de Fomento, Ana Pastor, una reunión con el sector que se celebrará con anterioridad a la cumbre de Ministros de Transportes de la Unión Europea.
En esa cumbre España pedirá la coordinación entre todos los países miembros respecto de las medidas a tomar contra estas aplicaciones ilegales, de acuerdo con las organizaciones representativas del sector del taxi.
Tras la reunión del comité, estas organizaciones aclararon que la posición de Fomento "no es contraria a las aplicaciones colaborativas de vehículo compartido sin ánimo de lucro, pero sí lo es al desarrollo de actividades de transporte público sin contar con las debidas autorizaciones habilitantes como ocurre con Uber Pop y otras aplicaciones similares".
Durante la reunión "quedó claro" que la forma en que está operando la aplicación Uber Pop está al margen de lo que establece la legalidad y que el Ministerio de Fomento pondrá todas las medidas para intentar erradicar esa situación, indicó el presidente de Fedetaxi.
En este sentido, Fomento dio instrucciones para que cuanto antes se convoque una reunión entre el ministerio y todos los directores generales de Transportes de las comunidades autónomas para coordinar acciones, al igual que con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con los servicios de inspección de las comunidades, extremo que confirmó la ministra durante una jornada sobre el sector aéreo.
A juicio de Moreno, ahora hace falta que esos controles sean efectivos, ya que hasta la fecha las medidas son "totalmente insuficientes" y, durante muchos años, las administraciones "se han mostrado incapaces de erradicar el intrusismo" que sufre el sector.
