El Consejo de Ministros aprobó ayer en su reunión extraordinaria un proyecto de ley orgánica para regular la abdicación del Rey Juan Carlos I que cuenta con un artículo único y una disposición final única para hacer efectiva la renuncia a la Corona de España. La norma entrará en vigor en el mismo momento en que se publique en el Boletín Oficial del Estado.
En la exposición de motivos se señala que es el artículo 57.5 de la Constitución el que dispone que "las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica". Este precepto sigue los precedentes históricos del constitucionalismo español, que en los textos fundamentales de 1845, 1869 y 1876 y, con variaciones, en otros precedentes, ya reservaban al poder legislativo la solución de las cuestiones a que diera lugar la sucesión, así como la autorización de la abdicación, incluso mediante una ley especial para cada caso.
"Si bien la Constitución en vigor no utiliza este último término, los citados antecedentes y el mandato del artículo 57 de que el acto regio sea resuelto por una ley orgánica hacen que sea éste el instrumento legal idóneo para regular la efectividad de la decisión", añade.
El Gobierno precisa en el informe de impacto normativo que acompaña al proyecto de ley que esta norma "no es una ley de sucesión", sino que únicamente "se limita a regular la efectividad de la voluntad de abdicar" manifestada por el Rey Juan Carlos I. Así, continúa pendiente de aprobación la ley sobre la Corona que prevé la Constitución. Explica además que, tras la decisión del Monarca de renunciar al trono y dejarlo en manos del Príncipe, es "necesario conciliar el carácter personalísimo de ese acto con la efectividad del mismo a través de una ley orgánica".
Además, el Ejecutivo revela que la necesidad de dar cobertura legal a la abdicación ha dado lugar a una discusión doctrinal en la que se han enfrentado dos opiniones surgidas de la doble interpretación que se puede hacer del artículo 57.5 de la Constitución, habida cuenta de la "parquedad" del mismo y los "términos" en los que está redactado.
El citado precepto establece que "las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverá por una ley orgánica". Ante esta redacción unos interpretan que es pertinente una ley orgánica que regule en su conjunto las abdicaciones, renuncias y dudas sobre la sucesión y que esta norma bastaría para regular y hacer efectivas todas estas situaciones.
Por contra, la otra postura defiende que, "con independencia de que pueda existir una ley general, cada acto de abdicación en concreto requiere la aprobación de una ley orgánica". Y esta es la opción por la que se ha decantado el Consejo de Ministros argumentando que la voluntad del legislador constitucional era que se aprobase una norma específica para cada abdicación.
La norma pues no afecta a los presupuestos porque tanto el Rey que abdica como la Reina consorte seguirán siendo parte de la Familia Real.
El Gobierno aprobó además una declaración institucional por la abdicación del Rey en la que dice que sin su "impulso y liderazgo" la Transición "no habría sido posible" y en la cual expresa su "seguridad" de que la vocación de servicio a España del futuro rey Felipe VI le permitirá fortalecer la monarquía.
"Desde su proclamación como Rey, don Juan Carlos quiso serlo, y lo ha sido, de todos los españoles", dice la declaración. El texto reconoce que la labor del Monarca "no ha sido siempre fácil", y destaca que "en los momentos en que el nuevo marco de convivencia se vio en peligro" su intervención fue "decisiva", "asegurando los cimientos de libertad y concordia sobre los que se erigió el nuevo Estado social y democrático de derecho".
También hace hincapié en que la Carta Magna designó al Monarca "como el símbolo de la unidad y permanencia de España, árbitro y moderador de los poderes del Estado y el máximo representante de la nación", y que en sus 39 años de reinado ha desempeñado sus "altas funciones constitucionales" de manera "decidida y entregada". Del Príncipe heredero dice que su experiencia le permitirá fortalecer la monarquía.
El presidente Mariano Rajoy afirmó, sobre la posibilidad de cambiar el régimen de monarquía parlamentaria, que quien quiera puede impulsarlo, "pero con las reglas establecidas en la Constitución. "Lo único que no se puede hacer en democracia es saltarse la ley", añadió. El Presidente incidió en que la Constitución establece la monarquía como forma de Estado y que en España tiene un apoyo "muy mayoritario".
