La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez de los ERE, Mercedes Alaya, que abra una pieza separada para cada una de las ayudas investigadas a fin de "simplificar y activar el procedimiento" y que remita al Supremo la causa contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Anticorrupción recoge que la causa podría extenderse a 126 expedientes de ayudas de prejubilación y 275 subvenciones a empresas, lo que pone de manifiesto no solo su "extensión y complejidad" sino "lo incierto de su horizonte temporal".

Entre las medidas para agilizar la causa, Anticorrupción propone que se eleve ya al órgano superior competente, en este caso el Supremo, la causa contra Chaves, Griñán y cinco exconsejeros a quienes Alaya notificó en 2013 "la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados".

La Fiscalía entiende que "ya agotada la investigación en esta sede judicial sin dirigir el procedimiento contra las personas que gozan de fuero", son los dos expresidentes andaluces y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.

Anticorrupción propone abrir una pieza para cada una de las ayudas, que serían enjuiciadas por separado, y además otras diligencias sobre el "pago y destino" de las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras, que permitió su "enriquecimiento ilícito", y una última causa sobre el "procedimiento específico" utilizado por la Junta andaluza para pagar las ayudas.

Sobre este procedimiento, el escrito recoge que desde 2000 ha tenido "básicamente tres variantes": la suscripción de convenios individuales entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), el convenio marco de 17 de Julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA -que requería de convenios particulares para cada ayuda- y finalmente la encomienda de gestión de 2010.

El avance de la instrucción pone de manifiesto que el menoscabo de fondos públicos no se ha restringido a los "intrusos" de los ERE, sino que "realmente las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Trabajo se han venido realizando sin sujeción al procedimiento legalmente establecido para la concesión y pago de subvenciones y ayudas públicas".