La consultora de Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón trató de colar una factura falsa de 70.000 euros a la Generalitat de Valencia sin haber realizado trabajo alguno, según los documentos remitidos por el juez José Castro al Tribunal Superior de esa comunidad.
Castro ha elevado a dicho tribunal una exposición razonada para que impute al expresidente Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá por prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude a la Administración por el supuesto trato de favor a Urdangarín y su instituto.
La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia pagaron a Nóos, entre 2004 y 2007, tres millones y medio por tres seminarios (los "Valencia Summit") y unos Juegos Europeos. Por ese último concepto el Gobierno de Camps abonó 380.000 euros, tras haber firmado un convenio por el que el instituto disponía de seis millones con los que organizar e impulsar esos juegos.
El instituto del yerno del Rey giró a la Administración otras muchas facturas (por casi dos millones ), que la Generalitat devolvió al detectar anomalías. El 5 de abril de 2006 Aizoon presentó una de 70.000 euros por "un informe de viabilidad para el proyecto de Juegos Europeos". El pago no se hizo porque la subsecretaria de Presidencia, la abogada Isabel Villalonga, dio la voz de alarma y le paró los pies a Urdangarín en su afán de cobrar por servicios no prestados.
Villalonga vetó la factura de Aizoon porque la consultora de los duques no había presentado el informe, ni justificado cuáles y durante cuánto tiempo sus analistas habían trabajado en ese memorándum nunca visto. Además, se opuso al pago de otras muchas facturas para enfado de los directivos del instituto. La subsecretaria consiguió así ahorrar a las arcas públicas 1.983.480 euros.
Por otra parte, la justicia ha reclamado a un banco de Luxemburgo el millón de euros de una cuenta del exsocio Diego Torres y su mujer embargada por orden del instructor. Por último, Urdangarín se congratula de que el juez haya eliminado unos comentarios subidos de tono en los correos aportados por Torres.
La Audiencia de Baleares deberá resolver si la Infanta estaba legitimada para impugnar la personación en el caso Nóos de los ediles socialistas del Ayuntamiento de Valencia como acusación particular colectiva , después de que el juez José Castro haya elevado al órgano judicial el recurso interpuesto por los regidores contra las alegaciones que emitió la hija del Rey.
