La Fiscalía Anticorrupción no tiene ninguna intención de ordenar a Hacienda que busque nuevos datos en el entramado Nóos para que pueda sostener una acusación por delito fiscal contra la Infanta Cristina, después de que la Audiencia de Palma haya suspendido la imputación de la hija del Rey.

El fiscal Pedro Horrach lleva meses entrevistándose con los inspectores de la Agencia Tributaria de Barcelona, cuyo informe preliminar ha sido puesto en tela de juicio por la Audiencia. En la decisión sobre la hija del Rey, este tribunal ha criticado que los funcionarios no se cuestionaran el papel de la esposa de Iñaki Urdangarín en la empresa Aizoon, al descartar que pudo haber cometido un delito fiscal .

Las críticas del tribunal han molestado a los inspectores y han confundido a la Abogacía del Estado, que nunca se había planteado acusar a la Infanta de un delito fiscal al entender que ella no gestionaba la consultora aunque fuera la titular de la mitad de las acciones.

El auto de la Audiencia marca un nuevo camino en la investigación al señalar la posibilidad de que la Infanta pudo haber defraudado al fisco, además de haber incurrido en un supuesto delito de blanqueo al gastarse en la reforma de su mansión el dinero de dudosa procedencia que se ingresaba en Aizoon. Hasta ahora la fiscalía, en las cuestiones tributarias que rodean el entramado Nóos, siempre se ha guiado por los criterios técnicos que marcaba Hacienda. Y no tiene intención de cambiar.

Las denuncias por delitos fiscales que se presentan en los juzgados nacen, precisamente, de la investigación previa de los inspectores tributarios. Hacienda, cada vez que tiene sospechas de que se ha cometido un delito, elabora un informe que entrega al ministerio público, para que lleve el caso a los tribunales. Los fiscales no realizan ninguna investigación paralela.

Este mismo criterio es el que piensa seguir ahora Anticorrupción. Los funcionarios de Hacienda, que están pendientes de terminar el informe definitivo, siempre han sostenido que doña Cristina no tuvo nunca una gestión ejecutiva en Nóos ni en su empresa Aizoon.

El fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, se congratuló ayer de que la Audiencia de Palma haya aceptado el recurso de Anticorrupción que libra a doña Cristina de declarar ante el juez. "No existe en el proceso ningún indicio que permita la imputación de la Infanta", aseguró.

El juez instructor José Castro va a seguir investigando a la Infanta tras el auto que dejó abierta la puerta a un hipotético encausamiento por delito fiscal y blanqueo. De momento, la duquesa no seguirá como imputada en el caso Nóos, pero podrá estar personada con sus abogados, como "parte afectada".

El temor del equipo de letrados de Cristina de Borbón era que el juez pudiera reclamar la práctica de pruebas sobre su representada sin que ellos estuviesen presentes o pudiesen hacer alegaciones. El concepto "imputación suspendida" causó sorpresa en medios próximos al caso, que destacaron la posible indefensión de la Infanta por hallarse en un "limbo procesal".

El juez Castro admitió que va a seguir investigando a la Infanta. Tendrá que instar al imputado Diego Torres a que entregue los correos. "Sigo pensando lo que puse en mi resolución", dijo el instructor en referencia a que apreciaba indicios de que Cristina pudo consentir que su parentesco con el Rey fuera utilizado por su marido en Nóos.