El juez del caso Nóos, José Castro, ha negado que su instrucción esté causando "quebranto al derecho de defensa" de Iñaki Urdangarin, como había planteado el abogado del duque de Palma en su recurso contra la fianza, que hoy ha rechazado el magistrado.
Castro ha desestimado en un auto los recursos de reforma presentados tanto por Urdangarin como por su exsocio al frente del Instituto Nóos, Diego Torres, contra la fianza por responsabilidad civil de casi 8,2 millones de euros impuesta a ambos.
En su resolución, el titular del juzgado de instrucción 3 de Palma replica al defensor de Urdangarin, Mario Pascual, que "no ha anticipado ninguna base fáctica para resoluciones futuras" y defiende la correcta argumentación de la fianza.
La defensa del yerno del rey había reprochado al juez la "inclusión parcial, sesgada y fuera de plazo del contenido de determinados documentos" y declaraciones de testigos, a lo que Castro replica que seleccionó "aquellos datos que estimó indiciarios de criminalidad".
Castro, quien apunta que no es preciso "trasladar a la resolución impugnada los más de 41.000 folios" que componen el sumario de esta pieza separada 25 del caso Palma Arena, subraya que su selección "inevitablemente habría de ser parcial, pero no sesgada".
Da la razón al recurrente en cuanto a la prolijidad de los argumentos del auto en que dictó la fianza, pero indica que "la extensión que haya de dar a la fundamentación fáctica y jurídica de una resolución la marca el criterio de su autor".
"Es muy posible que si se hubieran escatimado antecedentes de hecho la censura vendría por su escasez, no adivinándose la indefensión cuando no se hace uso absolutamente de nada que no esté incorporado a la causa", agrega en el auto, al que ha tenido acceso EFE.
El juez instructor recuerda finalmente que contra la desestimación de las alegaciones de los letrados defensores de Urdangarin y Torres respecto de la fianza cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma en un plazo de cinco días.
Además, Castro ha emitido hoy una providencia en la que, entre otras medidas, ordena la suspensión de las declaraciones de Robert Cockx, ciudadano belga señalado por los investigadores como presunto testaferro, y Mario Sorribas, exsecretario de Nóos, previstas para el 19 de marzo en Madrid y el 21 de marzo en Barcelona.
El juez aplaza hasta fechas aún por determinar las declaraciones de ambos imputados a petición de sus representantes legales.
En la misma providencia, el magistrado cita a declarar para el próximo lunes en calidad de testigo a Antonio Ballabriga, exdirector del proyecto de organización de los Juegos Europeos 2006 en Valencia.
Ballabriga había estado imputado en la causa hasta octubre del año pasado, cuando se le levantó provisionalmente la imputación por falta de constancia de su "intervención decisoria ni complicidad consciente en las concertaciones públicas supuestamente delictivas que se investigan".
También suma el juez a los testimonios que tomará en Barcelona el día 21 de marzo el de Carlos Masiá Martí, notario que intervino en la constitución de varias sociedades del entramado empresarial de Nóos.
