La propuesta de Tráfico de aumentar el límite máximo de velocidad a 130 km/h en determinados tramos de autovías y autopistas ha generado disparidad de opiniones entre las diferentes asociaciones de víctimas, que ven que la subida puede incrementar la siniestralidad, y las de automovilistas, que lo consideran oportuno.

Una de los primeros en reaccionar a las propuestas ha sido la Asociación Estatal de Víctimas de Tráfico (DIA) que, en principio, no ve inconveniente en aumentar en 10 kilómetros por hora la velocidad en algunos tramos de autovía siempre que "no suponga un riesgo ni para el conductor ni para el resto de usuarios".

Menos dispuestos se han mostrado a este posible cambio Stop Accidentes y la Asociación Española de Lesionados Medulares (Aesleme), que creen que subir la velocidad puede aumentar los índices de siniestralidad porque, entre otros motivos, los conductores "tienden ya a circular por encima del límite".

Una opinión que no comparte el portavoz del PP en el Congreso en materia de discapacidad, Francisco Vañó, precisamente el diputado parapléjico que propuso aumentar la velocidad máxima a 140 km/h en autopistas de peaje.

Para Vañó, la propuesta es "coherente" y, de salir adelante, significaría "hacer legal lo que es real", pues no hay que olvidar que muchos conductores "sensatos" se ponen a 130 km/h en una recta de autovía sin correr riesgo alguno ni para su seguridad ni para la del resto.

Están también de acuerdo la Asociación Europea de Automovilistas (AEA) y el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), si bien difieren en la conveniencia de reducir el límite de la velocidad en las carreteras secundarias.

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, es "un disparate" disminuir de 100 a 90 km/h la velocidad máxima en las vías secundarias con arcén de 1,5 metros, pues la mayoría de accidentes mortales no se registran en esas carreteras sino en las que están limitadas ya a 90.

Desde el punto de vista del CEA, la reducción de los límites en las secundarias debe complementarse con otras medidas, entre las cuales destaca una mayor inversión para mejorar el estado del firme y un aumento de la vigilancia por parte de la Guardia Civil.