El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha sido el encargado de presentar el texto en sustitución de la titular de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que se encuentra en Bruselas participando en la negociación de la modificación de la Política Agraria Común.
El Decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de octubre, establece la exención de determinadas tasas de agua para riego y las extiende a los abastecimientos afectados por la escasez de recursos y medidas urgentes en dichas cuencas hidrográficas.
Fernández Bermejo ha explicado que el año hidrológico 2007-2008, que acaba de finalizar, la precipitación media se ha situado un 9 por ciento por debajo de la media normal.
Ha destacado que el déficit de agua es común en todas esas cuencas, aunque más acusado en la el Guadalquivir, donde las reservas actuales están un 32 por ciento por debajo de la media de los últimos cinco años.
La escasez de precipitaciones ha provocado graves problemas no solamente para las explotaciones agrícolas y ganaderas, sino también para el abastecimiento a poblaciones, según el ministro.
Mariano Fernández Bermejo ha destacado que las medidas contempladas en el Real Decreto están dirigidas, por un lado, a dar apoyo a los titulares de derechos de uso de agua para riego.
Para ello, se les exime de las cuotas de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación en el ámbito territorial correspondiente a las confederaciones hidrográficas del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Guadiana y Júcar, cuando hayan tenido una dotación inferior al 50 por ciento del año normal.
Además, las ayudas se extienden al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que quedarán exentos durante al año 2008 de las aportaciones correspondientes a los gastos fijos y variables del funcionamiento de la tarifa de conducción de agua.
Para reducir las pérdidas de agua en el regadío y mejorar la eficiencia en la gestión de este recurso, el Decreto prevé la realización de determinadas obras hidráulicas en las cuencas del Segura, Tajo, Guadalquivir, Guadiana y Júcar.
Los grupos han aprovechado la convalidación de esta norma para reabrir el debate sobre la política hidráulica y, así, el portavoz del PP, Carlos Floriano, ha acusado al Gobierno de no tener una posición clara y de perder el tiempo "ante un problema de solidaridad entre los territorios".
A su juicio, el Ejecutivo "en este como en otros temas, las políticas de Estado, ni las quiere ni le interesan" y ha insistido en criticar su "incompetencia, ineficacia, engaño y enredo" en esta materia.
Por el grupo socialista, Alejandro Alonso, ha destacado que se trata de medidas "trascendentes" y ha asegurado que las ayudas contendidas en el Decreto suponen un ahorro para los usuarios de 84,5 millones de euros, de los que 51 millones corresponden a los de la cuenca del Segura.
Joseba Aguirretxea (PNV) ha apoyado este tipo de medidas, siempre que se adopten con "cautela y prevención", y Pere Macías (CiU) ha apostado por una política del agua basada en el reparto equitativo y en la solidaridad.
