El Gobierno presentará en septiembre un paquete de medidas para promover el retorno voluntario de los inmigrantes a sus países de origen, que podría contar con un seguimiento de más de 100.000 extranjeros, según afirmó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Los que se acojan a esta iniciativa, que, según los cálculos del Ejecutivo, en su mayoría procederían de Marruecos, Ecuador y Colombia, recibirán dos prestaciones en plazos distintos.

El Gobierno prevé que unos 100.000 inmigrantes podrían acogerse a su polémico plan de retorno voluntario de aquellos que se encuentren en situación de desempleo y deseen percibir, de forma acumulada y anticipada, la prestación de desempleo que tengan reconocida. El pago se hará en dos plazos. El primero, de un 40 por ciento, a percibir en España y el segundo, correspondería al 60 por ciento restante, y lo recibirían en su país al mes siguiente de su marcha.

Esta norma es de carácter "voluntario y permanente", y se acogerían a ella "en su mayoría" marroquíes, ecuatorianos y colombianos, según explicó De la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, destacó, que con este programa, que el Gobierno espera presentar en septiembre, se pretende favorecer el desarrollo de los países de origen mediante el retorno de personas cualificadas, con experiencia profesional y, también, con ciertos recursos para continuar trabajando allí. No obstante, este plan "no anula otros planes que están contemplados en la Ley de Extranjería".

Además, el Gobierno impulsará la reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, recogida en más de quince leyes dirigidas a modernizar la Administración de Justicia. Esta modernización se convertiría en el instrumento básico para conseguir la mejora del servicio público que presta la Justicia. Supondrá la reasignación de las tareas que realizan los jueces, secretarios judiciales y los restantes funcionarios.