Lo ocurrido tras las elecciones de mayo en la mayoría de autonomías y grandes ayuntamientos, el resultado también de las elecciones catalanas del pasado septiembre, son ejemplos concluyentes de lo que viene tras el domingo. Porque el 20-D acaba solo una parte de todo lo que los españoles deciden este domingo, el reparto de las dos cámaras legislativas del país; y empieza otra fase no menos interesante por el diálogo al que se verán abocados los partidos para la elección del nuevo inquilino de Moncloa a la vista de la unanimidad entre los sondeos por la falta de una mayoría absoluta contundente. ¿Pactos de gobierno o acuerdos puntuales para la investidura? ¿En temas concretos o para los cuatro años al completo? Ni en eso coinciden los contendientes, que se esforzaron estas dos últimas semanas en mostrar las distancias con el contrario, pese a que no hay pocos lugares comunes en los que puedan encontrarse para el cruce de caminos que arranca justo en el día después.
Las dos formaciones a priori más lejanas comparten, por ejemplo, la necesidad de aunar esfuerzos en materia de ciencia. El PP apuesta por un acuerdo y Podemos habla expresamente de un pacto de Estado, aunque ambos piensan en el mismo objetivo. Que la inversión en I+D alcance el 3% del Producto Interior Bruto (PIB). En la meta está de acuerdo Ciudadanos, que a su vez tiene en común con el PSOE su visión sobre los centros de excelencia en investigación a través de la creación de una red nacional que les agrupe.
La sincronización en lo que a fiscalidad se refiere ya es otra cosa... difícil. Aquí cada uno apuesta por escalas casi antagónicas en el Impuesto de la Renta. Las propuestas más cercanas son las del equipo liderado por Mariano Rajoy y el de Albert Rivera, pero ni así cuadran. Los populares aspiran a dejar el mínimo en el 17% y el máximo en el 43%. Ciudadanos fija los tramos entre el 18,4% y 43,5%. En su caso, el programa aboga por "armonizar" el gravamen de Sucesiones en todo el Estado. El PSOE va en esa línea, con la instauración de un "mínimo común" para el conjunto de las comunidades y para el de Patrimonio. Las dos tasas que Podemos insta a "recuperar" de forma efectiva, en referencia a las bonificaciones al 100% en los dos tributos que tienen en vigor algunos territorios.
Todos, sin excepción, mantienen la necesidad de reformar la fiscalidad de las sociedades de inversión de capital variable, las polémicas sicav. El PP, para que solo computen a efectos del mínimo exigido de 100 accionistas aquellos que cuenten con una porción superior al 0,55%; el PSOE menciona "el establecimiento de un porcentaje de participación máxima" para cada socio y un tope igualmente en el periodo de permanencia en el que las plusvalías no tributan; lo mismo que recoge el programa de Podemos, que añade el control "del número real y efectivo" de accionistas. PSOE, Podemos y Ciudadanos van de la mano en la devolución a la Agencia Tributaria de las competencias para la inspección de las sicav.
La formación que encabeza Pablo Iglesias tiene en el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) una de sus promesas estrella. ¿Cuánto? Hasta 14 pagas de 800 euros. A eso suma un programa de renta complementaria para trabajadores con baja remuneración que garantice unos ingresos mínimos de 900 euros al mes. El PSOE incluye la subida del SMI en su carta de presentación para situaron en el 60% del salario neto medio. Como respaldo, el partido liderado por Pedro Sánchez pone sobre la mesa una Ley de Garantía de Ingreso Mínimo Vital. Ciudadanos se suma a la necesidad de completar los ingresos de los que menos tienen, aunque sin indicar la "cuantía mínima anual" por la que se tendría derecho a percibir ese apoyo.
El futuro de la indemnización por despido puede cambiar, y mucho, en función del nuevo Ejecutivo que salga de las urnas. El PP apela a la entrada en vigor de un sistema que funcione como la "mochila austriaca". Los trabajadores van acumulando un fondo de capitalización a cargo de la empresa que se haría efectivo en "despidos, movilidad geográfica, formación y jubilación". Ciudadanos incorpora algo similar, con un seguro contra el despido a cargo de las empresas. Frente a ellos, PSOE y Podemos dejaron claro que tirarán abajo la última reforma laboral para, entre otras cosas, anular la flexibilización en el despido.
Otra coincidencia general más entre los cuatro. La reforma de la ley electoral. Los populares quieren que gobierne la candidatura más votada y se vaya a una segunda vuelta en caso de que no exista una mayoría absoluta o clara. Entre otros objetivos, los socialistas quieren modificar la normativa para eliminar el voto rogado, desbloquear el sistema de listas y mejorar la proporcionalidad en la representación. Ciudadanos ve en el sistema alemán el ejemplo a seguir: dos votos en uno, con la designación del candidato que le corresponde por su lugar de residencia y la preferencia sobre el partido que debe gobernar. Podemos considera fundamental la circunscripción autonómica y una fórmula de media mayor para el reparto de escaños.
El cambio del Senado
El giro en el Senado aparece en los programas del PP, Podemos y PSOE. En los dos primeros casos, para afianzarlo como "foro de debate de las cuestiones territoriales" y "reforzar su rol de representación territorial", respectivamente; y en el del PSOE para trasladarlo a Barcelona y "avanzar hacia un modelo de Estado federal". Ciudadanos incluye directamente su supresión. También la de las diputaciones. Algo en lo que está de acuerdo Podemos. Ambos coinciden de nuevo en el fin de "los privilegios" de los cargos públicos.
¿Cuándo nos jubilaremos? Pues depende. El último retoque implantará progresivamente los 67 años. El PP avanzó hace unos días su intención de incentivar el alargamiento de la vida laboral con la opción de no pagar IRPF a partir de los 65 años. El PSOE lo vincula a "una armonización de la edad" del retiro en función de los países de la Eurozona. En Francia, por ejemplo, se alcanza a los 62 años, y en Reino Unido o Irlanda, a los 68. Ciudadanos lo deja a la libre elección del empleado. Podemos, en cambio, quiere dar marcha atrás en los cambios y dejar la edad legal otra vez en los 65.
