La Xunta exige blindar la eólica marina ante la especulación y “compensaciones” a la pesca

Sobre la bocina –el mismo día que concluía el plazo para presentar alegaciones al Real Decreto con el que el Ministerio para la Transición Ecológica regulará la eólica marina–, y remitiendo “como propias” la mayoría de las exigencias planteadas por la pesca y la industria. En ese tiempo y con esa forma envió la Xunta este lunes su batería de medidas para modificar la futura norma que atañe a la producción de energía eléctrica en instalaciones sitas en el mar. Así lo anunció ayer la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, insistiendo en la necesidad de “trabajar con los dos sectores” para llegar a buen puerto.

En línea con la demanda de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), el Ejecutivo autonómico pide “compensaciones” para aquellas embarcaciones que lleven a cabo su actividad en zonas donde se pretenda instalar aerogeneradores. De igual modo, ha solicitado que la valoración de los criterios no económicos de los proyectos suponga un 50%, por lo menos, de la ponderación global, en comparación al máximo del 30% recogido actualmente en la legislación que todavía está en trámite.

Las propuestas para parques de eólica marina en Galicia superan ya los 7.000 MW

Es una reivindicación realizada previamente por el sector pesquero, que en las alegaciones presentadas este mes consideró necesario garantizar “como mínimo” que la mitad de los requisitos a contemplar en el procedimiento de concurrencia competitiva “tengan relación con la mayor o menor afectación a los pescadores y a los ecosistemas marinos”, pero también de la Asociación de Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), que nuevamente incidió por su parte en incrementar el baremo vigente.

“Con el 30% actual se favorece la especulación, con ofertas que puedan parecer atractivas desde el punto de vista económico pero que resulten inviables desde el punto de vista del impacto social e industrial. Esto es crucial para evitar que ofertas de marcado carácter especulativo, basadas únicamente en el precio muy bajo, tengan una ventaja injusta en el proceso de concurrencia competitiva y puedan ocasionar perjuicios al entorno socioeconómico de la instalación, provocando un rechazo social que la acaben haciendo inviable”, manifestó la patronal gallega del metal.

Compatibilidad de actividades

Contando esta alegación, Asime presentó un total de cuatro el pasado 22 de marzo. También hicieron lo suyo las cofradías, que remitieron 13 a mediados de mes. La Xunta, que toma “como propias” la mayor parte de las exigencias planteadas por la pesca y la industria, ha formulado un cómputo de 16. Dentro de las mismas también exige que se asegure que el proceso de diálogo público-privado en este procedimiento debe ser obligatorio, no opcional, y que el precio de reserva sea siempre público –para mayor transparencia–; que en la comisión técnica de valoración participen expertos del Instituto Español de Oceanografía (IEO); se incluya un mecanismo de revisión y actualización de los precios ofertados y las medidas compensatorias; o se especifique cuando empiezan a contabilizarse los plazos de concesión.

“Esto es lo que pedimos al Gobierno central, que cuente con el sector primario que tiene tanta importancia en Galicia, este desarrollo puede hacerse con diálogo y sentido común”, señaló al respecto Lorenzana. A ojos del Ejecutivo autonómico, Galicia ratifica su postura de apoyo al desarrollo de la energía eólica marina “siempre garantizando la compatibilidad con los recursos pesqueros, con el medio marino y con el medio ambiente”.

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