Antón Arias Díaz-Eimil se comprometió, a su llegada a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), a poner su cargo "a disposición" cuando lograra dos hitos: la estabilidad económica y la reforma estatutaria. El primero corría prisa para evitar la quiebra y lo solventó con éxito con una hipoteca de 1,2 millones de euros sobre la sede; el segundo lo trazó como una cuestión a resolver durante su legislatura, que comenzó espadas en alto y con la espantada de la patronal de Pontevedra. Porque los estatutos fueron motivo de disputa con Dieter, quien se hizo con la presidencia con el apoyo de unas sectoriales " sobrerrepresentadas" -criticaron muchos- en la asamblea; pero con Arias no sucedió lo mismo. El coruñés se erigió en patrón de la CEG sin oposición - "traición" mediante de Antonio Fontenla- y con el respaldo de las confederaciones de A Coruña y Lugo. Aún así, la reforma estatutaria se ha colado como el gran asunto a resolver en la patronal, por encima de un pleito de 650.000 euros con la Xunta, de la pérdida de peso institucional o de las preocupaciones diarias del sector empresarial.

"No quieren que siga, pero tampoco que se vaya por la puerta de atrás, así que les valdría con una reforma light", resume un miembro de la CEG sobre las patronales coruñesa y lucense. De hecho el propio Fontenla ratificó ayer este escenario al calificar como "urgente" la renovación estatutaria "aunque no sea tan intensa". "Valdría una tontería", destacan otras fuentes de la institución. El objetivo, presumen, es que Arias pueda sacar adelante una modificación "de cualquier tipo" para que deje el sillón presidencial. Con esta idea se reunieron ayer los líderes de las cuatro provinciales (Jorge Cebreiros, de Pontevedra; Fontenla, de A Coruña; el ourensano José Manuel Pérez Canal y Jaime López, de Lugo) con una propuesta sobre la mesa: la de disponer de un "tiempo de reflexión" para repensar los cambios en el documento y recibir "aportaciones" de las asociaciones integradas en la CEG. La organización remitió un comunicado a última hora de la tarde en el que destacó que "sus órganos de gobierno continúan trabajando en un documento de consenso".

La propuesta lanzada hasta ahora, elaborada por López -ocupa también la secretaría general-, ha recibido el rechazo frontal de Pontevedra, Ourense y las sectoriales, e incluye una pérdida de representación de estas últimas y una presidencia rotatoria que ocuparía Fontenla durante el primer año. A preguntas de FARO, Cebreiros asegura que la posición de la CEP sobre la propuesta "no va a cambiar", y reclama la convocatoria "en tiempo y forma" de los órganos colegiados. "No se puede saltar la obligación de convocar la junta directiva", expone.

Este es el verdadero cuello de botella no solo para Arias, sino también para Jaime López. En la junta la oposición al coruñés es mayoría gracias a los representantes de Pontevedra, Ourense y las sectoriales, además de por los votos de los expresidentes José Manuel Fernández Alvariño y Antonio Dieter. Sobre el papel, y según miembros de la CEG, por la junta debería pasar primero la propuesta de reforma estatutaria, el acuerdo extrajudicial con el exsecretario Fausto Santamarina (al que se le pagarán 197.000 euros, a mayores de los 80.000 que había recibido con su despido), el estado de cuentas o el nombramiento de Jaime López. Pero no se ha reunido desde principios de verano.

En paralelo a este cisma por los estatutos la comisión permanente de la confederación de Pontevedra ha aprobado por unanimidad una reforma de los suyos, que incluye una limitación de mandatos para el presidente con efectos retroactivos (a propuesta de Cebreiros), con lo que, de optar a una segunda legislatura, esa sería la última para el actual mandatario de la CEP.