Hay batalla para rato en la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). El siguiente pulso será el próximo 28 de noviembre, cuando la patronal gallega celebrará una asamblea general ordinaria para someter a votación las cuentas del pasado año y, previsiblemente, la polémica reforma de los estatutos, protagonista del enésimo enfrentamiento entre la cúpula y las organizaciones de Pontevedra (CEP) y Ourense (CEO). Las dos provinciales plantaron ayer al presidente en el comité ejecutivo para "la adopción de acuerdo", según figuraba en el orden del día, de la propuesta de nueva normativa interna que, entre otros cambios, fija una presidencia rotatoria cada dos años. Lejos de dar marcha atrás, el equipo liderado por Antón Arias defiende tanto el fondo como las formas de la convocatoria, "válida" y "con quórum", para advertir que sus decisiones "implican a la totalidad del comité ejecutivo, siendo totalmente lícita la reunión del mismo y totalmente válidos sus acuerdos". La CEP y la CEO arremetieron muy duramente contra las decisiones tomadas y acusan a Arias de "maniobras deshonestas" y de "rozar la ilegalidad".

Como se esperaba, el resto de miembros del comité ejecutivo respaldaron el "documento de trabajo" con la modificación de los estatutos, "que incorpora las aportaciones de los cuatro secretarios provinciales" y "algunas exigencias ineludibles por parte de alguna confederación provincial", según señala el comunicado de la CEG, repleto de reproches velados a los empresarios de Ourense. De la CEO llegaron "exigencias ineludibles", asegura el equipo de Arias, como limitar la representación de las sectoriales y un periodo de transición con presidencias de un año.

"Aunque no la totalidad de las restantes confederaciones provinciales estaban de acuerdo, cedieron ante las pretensiones -añade el comunicado- para conseguir un documento de consenso". La CEG afirma que las organizaciones sectoriales harán también alegaciones tras "una reunión el día 6 de noviembre" y se sumarán al texto final.

En la patronal de Ourense no podían ayer ocultar su indignación con el mensaje de la CEG. "Es radical y absolutamente falso que la CEO haya planteado ninguna exigencia ineludible", señala la organización ourensana, con otro contundente comunicado de contestación. "Jamás, jamás ha ocurrido esto", lamentaba su presidente, José Manuel Pérez Canal, que arremete contra el presidente de la CEG por "sus maniobras deshonestas" y "su intento de enfrentarnos a las sectoriales para salpicarnos por el fracaso de su gestión". La CEO mantiene que ellos exigen representación para las sectoriales. Que solo en una ocasión se habló de la reforma, en mayo, y desde entonces "nunca hemos vuelto a saber más". "Los cambios nunca fueron consensuados, ni siquiera comunicados". Pérez Canal cuestiona cómo el comité ejecutivo puede "dar adopción a acuerdo" en materia de reforma de estatutos, "cuando solo puede hacerlo la Asamblea General". "Esto -resume- es como los independentistas en Cataluña".

"Es rotundamente falso que exista un consenso de los secretarios", sostiene también Jorge Cebreiros, máximo responsable de la CEP, que comparte con Pérez Canal la teoría de que las patronales de A Coruña y Lugo intentan deshacerse de las sectoriales. "Con la reforma, ningún representante sectorial podría ser presidente de la CEG", advierte.

La dirección de la CEP se reunió ayer por la tarde y ha dado orden a los servicios jurídicos para que analicen "todo lo que ha hecho" el equipo de Antón Arias. "Roza la ilegalidad al no convocar la junta directiva para debatir temas tan importantes como la ratificación de los nombramientos o los estatutos con la presencia de las sectoriales", alerta Cebreiros, que reclama la dimisión del presidente de la CEG. Los empresarios de Pontevedra rechazan además que se puedan aprobar las cuentas de 2016 -con un beneficio de 82.400 euros- "sin ni siquiera, a estas alturas del año, informe de auditoría".