La intervención, resolución y venta de Banco Popular atrapó en Galicia a casi 3.000 empresas gallegas, y algunas de ellas (con la Fundación Barrié a la cabeza) se han decidido a batallar contra el dictamen de la Junta Única de Resolución (JUR). Y a los litigantes se ha sumado Remolcadores Nosa Terra (Remolcanosa), uno de los brazos del grupo liderado por el vigués José Silveira. El recurso fue presentado el 4 de septiembre ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), donde la firma de servicios marítimos ha apelado para solicitar la anulación del procedimiento. Según la información de la que dispone FARO, Remolcanosa era titular de 229.181 acciones de Banco Popular a fecha de su intervención, el 7 de junio. En ese momento los títulos apenas tenían un valor de 71.000 euros.

A las acciones de Remolcanosa se suman las que ostentaba el grupo a través de la matriz Grupo Nosa Terra (70.862) y Hospital Povisa (29.287). En total disponía de 329.330 acciones de la entidad integrada ahora en Banco Santander. El valor de esta participación hace un año rozaba los 373.000 euros. Con este volumen de acciones el holding liderado por el empresario vigués se sitúa entre los 35 principales perjudicados por la intervención en Galicia, un ranking que encabezan la Fundación Barrié, Agropecuaria Monte Chico, Pizarras Gallegas o Copasa.

Demanda

En Madrid, la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) presentó ayer una querella en la Audiencia Nacional contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, así como contra sus respectivos consejos de administración, por estafa a los inversores, falsedad de cuentas y administración desleal que llevó a la quiebra de la entidad. Según explicó el presidente de Adicae, Manuel Pardos, la querella "abarca a todos los consumidores que puedan estar dañados por la quiebra el Popular". "Adicae quiere defender a los pequeños accionistas ahorradores; no defiende a los grandes magnates inversores", dijo. La querella de esta asociación de consumidores pide imputar al Banco Popular como persona jurídica así como a 17 personas físicas -entre ellas Ron y Saracho-, "todos los que han tenido una responsabilidad relevante en las decisiones que se han ido tomando" y que llevaron a la quiebra de la entidad.

Esta querella se une así al escrito de la Fiscalía Anticorrupción que pide al magistrado la admisión a trámite de una treintena de querellas que se interpusieron contra los expresidentes del Popular y contra sus respectivos consejos por llevar a la quiebra a la entidad. Como testigos, Adicae pide al juez que llame a declarar a, entre otros, el ministro de Economía, Luis de Guindos; la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín; además de representantes de organismos reguladores como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y de reguladores como PricewaterhouseCoopers (PwC) y JP Morgan.