El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a a filial en Luxemburgo del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), la mayor entidad financiera del mundo, por ser presuntamente "instrumento de blanqueo de las ganancias ilícitas de grupos criminales, mayoritariamente de nacionalidad china", por una cantidad de 214 millones de euros ingresados en efectivo entre 2011 y 2014 en su oficina de Madrid. Además de los siete directivos que ya figuraban como investigados, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 extiende la responsabilidad penal al propio banco como persona jurídica por facilitar toda la operativa para "ocultar, encubrir, transformar en otros productos, como préstamos a clientes en otros países, y transferir mayoritariamente a China".
La investigación se inició a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción número 7 de Parla en la llamada "operación Snake", dirigida en mayo de 2015 contra ciudadanos chinos por blanqueo. La instrucción reveló el papel ejercido por ICBC España con varios grupos criminales investigados por la justicia, inluido el liderado por Gao Ping ,que fue desarticulado en 2012 en la "operación Emperador'" Durante esos tres años, ICBC no realizó ninguna operación de préstamo o hipoteca.
La entidad, según el magistrado, cooperó como banco de blanqueo de forma consciente y promovida "por su afán de acaparar en los primeros años de actividad el máximo volumen de efectivo de los grupos criminales a los que servía en aquellas fechas". Tal y como relató la Fiscalía una vez que la Audiencia Nacional se hizo cargo de la investigación, el modelo de negocio de ICBC se dirigió desde el principio a "captar el efectivo de sus nacionales, que acudían físicamente a la sucursal de la calle Recoletos de Madrid portando mochilas, bolsas y cajas las remesas de efectivo que abonaban en las cuentas de sus sociedades o en las personales para transferirlas en un breve plazo de tiempo, a veces de inmediato, a China". Estas transferencias internacionales se realizaban a través de un contrato de corresponsalía de Caixabank con ICBC.
El magistrado considera acreditado que los investigados no adoptaron ninguna de las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y que no practicaron ninguna comprobación de control, ni comunicación de operaciones sospechosas a las autoridades, con un conocimiento puntual de estas conductas por parte de la matriz del ICBC Luxemburgo.
