Concentración bancaria en España · La batalla judicial

Primeras denuncias contra Saracho y el consejo por la quiebra del Banco Popular

Apelan a un conflicto de intereses de Saracho por sus vínculos con el Santander - El presidente de la entidad quebrada se libra de las pérdidas: no tenía acciones del Popular

10.06.2017 | 03:00

Dos despachos de abogados han emprendido ya las primeras acciones judiciales en la Audiencia Nacional contra el último Consejo de Administración del Banco Popular por la quiebra de esta entidad y su posterior adquisición por el Banco Santander por el simbólico precio de un euro. Además, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) anunció que la próxima semana también presentará una querella en este sentido.

Por un lado, Durán y Durán Abogados presentaron ayer una denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que pide al Juzgado Central de Instrucción de guardia, que esta semana es el número 2 que dirige Ismael Moreno, que dirija su investigación contra el ya expresidente del Banco Popular Emilio Saracho. El despacho destaca en su denuncia la vinculación de Saracho, antes de incorporarse al Popular este año, con el Banco Santander, donde fue director general adjunto, y con la empresa financiera JP Morgan, la misma, según asegura, a la que el Consejo de Administración que presidía Saracho encomendó la venta del banco, algo que considera "sospechoso".

En este sentido, la denuncia recuerda que, según informaciones aparecidas en su momento en los medios de comunicación, por la salida de JP Morgan, Saracho recibió una indemnización de "no menos de 86 millones de euros".

Por tanto, "sorprende que en este contexto de conflicto de intereses evidente el presidente de un banco en la situación en que se encontraba el Popular encomiende a la sociedad para la que llevaba más de 25 años trabajando el sondeo del mercado para venderlo y que acordase con JP Morgan el pago de 20 millones de euros más una comisión del 1%".

Según explica la denuncia, el día que Saracho fue nombrado presidente del Popular, la entidad tenía una valoración bursátil de 5.000 millones de euros y él siempre sostuvo que el banco era "solvente y cumplía con los requisitos". "Pese a ser plenamente consciente de la situación financiera del Banco Popular, el presidente no ha cumplido con las obligaciones que le incumbían legal y estatutariamente, llevando la compañía a la intervención e incumpliendo absolutamente con el deber de información a los propietarios del banco, es decir, a los accionistas", señala.

La denuncia sostiene que "el desenlace ha sido totalmente distinto a las manifestaciones públicas y a la información que se ha transmitido a los accionistas", por lo que pide la investigación tanto de "la contratación de los servicios de JP Morgan por parte del Consejo de Administración del Banco Popular y dilucidar si ha existido o no una conducta presuntamente constitutiva del delito de administración desleal tipificada en el artículo 252 del Código Penal", que establece penas para quien administra un patrimonio ajeno e infringe sus facultades, provocando un perjuicio en el mismo.

"En el presente supuesto, Emilio Saracho desde su nombramiento ha ocultado a los accionistas la verdadera situación financiera de la compañía, sin convocar Junta de accionistas para informar sobre distintas alternativas y opciones existentes para salvar la situación, de forma que el máximo órgano de administración ha rendido cuentas a terceros al margen de los accionistas", subraya.

Por otra parte, Fonfría Abogados ha presentado una querella, también en la Audiencia Nacional y en nombre de un cliente del Popular, contra el Consejo de Administración y la firma encargada de la auditoría de la entidad, sin especificar cuál. A su juicio, el banco ejerció una "conducta fraudulenta conducente al engaño y la difamación de información contable falsa".

Según la querella, el cliente afectado adquirió un total de 104.009 títulos del Popular, de las cuales 65.703 están depositadas en el propio Banco Popular y 38.306 en Bankinter. Por lo tanto, tras la compra de la entidad por el Banco Santander, le resulta "imposible" recuperar el dinero invertido, así como ejercer sus derechos como accionista.

Por su parte, la OCU anunció que el próximo lunes presentará también una querella por la quiebra del Popular porque "es preciso garantizar y defender los intereses de los miles de accionistas minoritarios y bonistas que se han visto gravemente perjudicados por la tremenda pérdida de valor de los títulos y depurar responsabilidades".

Saracho se libra

Emilio Saracho, presidente del Banco Popular hasta la intervención y venta de la entidad madrileña el pasado miércoles, no está entre los más de 300.000 accionistas que han perdido su dinero. Según la información de la CNMV, Saracho, que estuvo en el puesto algo más de cinco meses, era uno de los pocos presidentes de empresas cotizadas sin participación en el capital de la sociedad a la que representan. Ignacio Sánchez-Asiain, consejero delegado hasta el miércoles, tampoco tenía declarada participación

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ensalzó ayer la "agilidad y la coordinación" de las autoridades europeas en la resolución y posterior venta de Popular, al despejar una fuente de incertidumbre en el sistema bancario español y en los mercados financieros europeos.

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