Pese a la tímida recuperación del mercado laboral, unos salarios cada vez más precarios deben sostener las pensiones de 8,6 millones de perceptores. Esta es la razón por la que la Seguridad Social alcanzará un déficit de 18.000 millones de euros este año: las cotizaciones no llegan para abonar las pagas de jubilados, las de viudedad o incapacidad permanente. Según advirtió ayer el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, esta situación de desequilibrio persistirá hasta, al menos, el año 2022. Cuando la Seguridad Social está en déficit las pensiones solo se revalorizan un 0,25% anual, sea cual sea la inflación, y para Escrivá este sistema automático de subidas hará que los pensionistas pierdan siete puntos de poder adquisitivo en un lustro. En Galicia la caída de la capacidad de compra en este periodo superará los 600 euros para más de 750.000 personas.
En enero, y de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Empleo, la pensión media fue de 771,34 euros. Con la actualización mínima legal del 0,25% el alza acumulada de las pagas será del 1,5%. El problema es que, según las previsiones de inflación del mercado, la carestía de la vida será muy superior y los pensionistas perderán poder adquisitivo cada año. El último panel de la auditora Pricewaterhouse Coopers (PwC) estima un IPC acumulado del 7,2% para la economía española hasta 2022, aunque son cálculos muy conservadores (para 2017, por ejemplo, prevé un avance del IPC del 1,7%; el indicador adelantado de enero marcó un 3%). Para que las pagas pudiesen soportar el incremento de los precios deberían situarse de media en los 825 euros mensuales; con la subida diseñada por el Gobierno y prevista por la AIReF, se quedarán en los 783 euros. Los pensionistas gallegos, como publicó FARO en diciembre pasado, ya perdieron capacidad de compra en 2016. Una media de 132 euros por la subida de un 1,5% en los precios frente a la revalorización de las pensiones en solo un 0,25%.
El aviso
Escrivá hizo estos cálculos a partir de las previsiones de ingresos y gastos del sistema de la Seguridad Social y remarcó que las reformas de las pensiones ejecutadas primero por el PSOE (retraso de la edad de jubilación) y, luego, del PP (que desligó su revalorización de la evolución de la inflación o IPC) provocarán que las pensiones iniciales de los jubilados se estabilicen hasta el punto de que en 2030 serán iguales a las de 2013. El porcentaje de pensión sobre el salario que el pensionista recibía antes, como trabajador, será entonces diez puntos inferior al que se calculaba antes de las reformas de las pensiones, según comentó durante su comparecencia, ayer, en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo.
"Entre 2013 y 2016 las pensiones no han perdido poder adquisitivo, eso no es discutible. Pero a partir de ahora sí lo van a perder si no se toman medidas", ha insistido, aludiendo al cambio en la evolución de la inflación, que ha pasado del 0% a tasas positivas en los últimos meses. Escrivá cree que esta situación solo podría modificarse si se aportara a las arcas de la Seguridad Social -vía Presupuestos, aumento de cotizaciones o reducción del gasto- un punto y medio del PIB cada año. Con esos nuevos ingresos, las pensiones podrían revalorizarse por encima del mínimo legalmente exigido.
El máximo responsable de la AIReF eludió dar recomendaciones sobre qué medida sería más conveniente, ya que ninguna propuesta es "neutral desde el punto de vista redistributivo", por lo que un organismo independiente como el suyo debe limitarse a analizar esos impactos para que los legisladores tomen decisiones "más informadas". "Cuentas nocionales, emitir deuda pública, financiar la Seguridad Social vía impuestos... Todas son opciones absolutamente legítimas pero que no están suficientemente bien estudiadas", zanjó.
