Son cuatro los miembros de la familia Sousa-Andrade investigados (imputados, en la anterior terminología judicial) por su presunta responsabilidad en la quiebra de la pesquera y blanqueo y, a tenor de la instrucción del caso Pescanova, mantendrán esta condición durante lo que quede de fase de instrucción. Se trata del expresidente Manuel Fernández de Sousa, su hermano Fernando (exconsejero), su esposa Rosario Andrade y su hijo Pablo (ex director general de Área). El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha rechazado la petición de éste último para sobreseer las actuaciones contra él.
En un auto del 8 de noviembre el titular del juzgado de Instrucción 5 recuerda que "Pablo Fernández ocupó importantes puestos de responsabilidad en Pescanova", pese a lo cual el exdirectivo sostiene que su rol "no le permitía conocer la manipulación de la información contable y financiera de la sociedad". El hijo de Sousa expone así una línea de defensa diferente a la del otrora mandamás de la compañía, que siempre ha negado el fraude contable en Pescanova y depositó en la auditora externa y los bancos la responsabilidad de no haber controlado el sobreendeudamiento de la compañía. Nueva Pescanova heredó el negocio pesquero pero en sus filas no hay ya ningún ejecutivo señalado por presuntas prácticas irregulares.
El hijo de Sousa aparece por primera vez en el balance como director general en 2007, y su participación como consejero se remonta a al menos 2003 (en representación de Inverpesca con el sudafricano William Hugh Neate). Además era administrador de Pescahold, la sociedad a través de la que el fondo Luxempart entró en el accionariado de Pescanova. Estos inversores perdieron más de 52 millones en la operación y señalaron a Sousa padre e hijo por venderles una compañía basada en informes falsos. Pero Pablo Fernández, relata el juez, defiende que solo era administrador de Pescahold porque así se lo "impuso" su padre.
El juez entiende este exconsejero sí tenía acceso a información -"le sitúa en un ámbito de gestión y decisión considerable dentro del grupo". Pero además recuerda que el juzgado investiga a sus padres por un presunto delito de blanqueo de capitales al tratar de enviar, sin éxito, 4,6 millones a China, y señala que los dos hijos del empresario recibieron un "importante patrimonio inmobiliario". De la Mata quiere averiguar si la familia colaboró con Sousa para esconder sus bienes para que éstos no pudieran ser embargados debido al impago de la fianza civil solidaria.
