Un juez de Viveiro (Lugo) investiga la actividad de la multinacional aluminera Alcoa en su planta de San Cibrao y abrió diligencias por un supuesto delito medioambiental a raíz de la denuncia de dos vecinos de Xove, municipio en el que se encuentra la factoría. La denuncia fue presentada en 2010 por dos residentes que acusan a la compañía estadounidense de provocar daños en la vegetación, los cultivos y la salud de las personas. El juez trasladó en octubre pasado una petición a Alúmina España, la sociedad que controla una parte de la planta, para que identificase a sus máximos responsables desde el año 2009, momento en que la multinacional conoció la denuncia y su recorrido judicial.
El director de la planta de San Cibrao es desde hace algo más de un año Javier Navia, que sucedió en el cargo a Rubén Bartolomé, que en agosto de 2015 fue designado presidente de Alcoa España.
El fiscal reclamó a la planta informes técnicos. "Estamos colaborando con las autoridades judiciales en la investigación, que es muy preliminar", explicaron ayer fuentes de Alcoa, que destacaron que han llevado este caso con la máxima transparencia.
Y es que la existencia de esta investigación se cita en la documentación que la firma ha hecho pública ante los organismos supervisores norteamericanos tras decidir segregar su actividad en dos compañías; Arconic y Alcoa Corporation, que asumirá todos los activos relacionados con su actividad de producción de aluminio primario, como es el caso de las tres plantas españolas que tiene en A Coruña, San Cibrao y Avilés y que suman casi 3.000 trabajadores y para las que busca comprador desde la pasada primavera.
En esa información la compañía detalla lo que se ha dado en llamar riesgos contingentes de su actividad. Ahí recoge la denuncia y calcula que, en caso de ser condenada, tendría que abonar una multa de unos "entre 30 y 5.000 euros por día durante tres años". Lo que significaría un rango de sanción que va de los 32.500 euros a los 5,4 millones. Alcoa informa a los inversores, sin embargo, de que dado que el procedimiento está en su etapa preliminar, no es capaz de adelantar o predecir "un resultado razonable".
La multinacional aluminera ya fue condenada a abonar 2,8 millones de euros a medio centenar de vecinos con terrenos próximos a la central de San Cibrao, que resultaron condenados por su actividad. Fuentes de Alcoa aseguraron a este diario que la compañía que cumple con la normativa medioambiental. "Esperamos que el juez concluya tras su investigación y desestime la denuncia", añadieron.
