Una sentencia clave para el despegue del sector naval

La condena de la CE llevó al cierre a seis astilleros nacionales y a la pérdida de 8.000 empleos en Vigo

Empresarios y sindicatos temen que la resolución de Luxemburgo "llegue tarde" pero se muestran "optimistas" respecto al futuro

18.12.2015 | 02:19
Miles de personas se manifestaron en verano de 2013 contra la condena al naval de Bruselas. // J. Santomé

La suspensión del antiguo tax lease, en junio de 2011, y el posterior dictamen de la Comisión Europea (CE) de julio de 2013, considerándolo una ayuda ilegal de Estado e instando a recuperar las bonificaciones fiscales recibidas por los inversores desde 2007, causaron un profundo daño al sector naval español, que todavía sigue recuperándose de sus heridas.

Directa e indirectamente, la crisis del antiguo tax lease estuvo presente en el cierre de seis históricos astilleros españoles (Unión Naval de Valencia, Factorías Juliana, MCíes, Astilleros de Sevilla, Astilleros de Huelva y Unión Naval de Barcelona), en el concurso de acreedores de al menos otras dos factorías navales (Hijos de J. Barreras y Vulcano), en la quiebra de decenas de empresas auxiliares y en la destrucción de miles de puestos de empleo (unos 8.000 solo en las rías de Vigo y Pontevedra, según cálculos de los sindicatos).

Asociaciones empresariales y organizaciones sindicales celebraron ayer la resolución del Tribunal General de la Unión Europea, aunque temen que haya llegado tarde. Pese a todo, confían en el futuro del sector. Pymar, la sociedad de astilleros que presentó recurso junto con el Estado contra el dictamen de la Comisión, recordó que la apertura del expediente se produjo en un duro contexto de crisis económica, bajo el mandato del entonces Comisario de Competencia y Vicepresidente de la CE, Joaquín Almunia. Y supuso la inmediata paralización de pedidos de nuevas construcciones, lo que provocó un drástico frenazo en la actividad para todo el sector, con unos efectos "devastadores" para la industria naval, en beneficio de las factorías navales holandesas. Pymar resaltó que el resultado obtenido ayer es fruto de una ejemplar estrategia de unidad y coordinación entre todos los agentes del sector en España y de un infatigable trabajo jurídico.

El secretario general de la patronal gallega del metal (Asime), Enrique Mallón, lamentó que la decisión de Almunia y de la Comisión de Competencia ha causado "unos daños absolutamente irreparables para la industria naval española, pero a pesar de ello, habrá que estudiar mecanismos o acciones que puedan resarcir de alguna manera estos daños." "Estamos seguros que esta sentencia aportará mayor confianza y optimismo respecto, sobre todo, a las negociaciones de nuevos pedidos que están en marcha", señaló Mallón. "Con esta sentencia vemos con más optimismo el 2016 y creemos que si esta decisión viniese acompañada, en los próximos meses, con una mejora del precio del petróleo, la recuperación de la industria naval y marítima gallega podría ser una realidad", apuntó.

El presidente de Aclunaga, Marcos Freire, expresó por su parte su entusiasmo y esperanza por esta sentencia, que considera "una noticia excelente". La eliminación de la obligatoriedad de devolver lo que habían sido consideradas ayudas ilegales "contribuye a eliminar cualquier sombra de duda respecto al sector". La resolución permitirá que las entidades financieras y grupos de inversores vuelvan a apoyar a los astilleros y empresas auxiliares y que el sector vuelva a situarse en una situación competitiva. En palabras de Freire, la anulación de la decisión de julio de 2013 supone un decisivo impulso para la construcción naval en España y "en particular para el naval gallego, que por fin podrá competir en régimen de igualdad con el resto de los astilleros europeos".

Los sindicatos también se felicitaron por la sentencia, aunque lamentaron que "llega tarde" tras la pérdida de más de 8.000 empleos directos e indirectos en el sector naval de las rías de Vigo y Pontevedra. El portavoz de CC OO, Ramón Sarmiento, instó al Gobierno a tomar "medidas" para "solicitar compensaciones" por todos los perjuicios, y para sean "resarcidos" los "realmente afectados". César Rodríguez, de CIG, criticó a las administraciones por no defender al sector "con la fuerza suficiente" cuando estaba siendo atacado, y Ana Valiño, de MCA-UGT, insistió en hay que pedir "responsabilidades y que se resarza a los trabajadores y empresas".

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