Mientras los juzgados de toda España engordan la larga lista de imputaciones por malversación, cohecho, o tráfico de influencias contra cargos políticos o miembros de la familia real y los exdirectivos de las cajas quebradas acusados de estafa eluden la cárcel pese a las peticiones en contra de la Fiscalía Anticorrupción, unos 300 sindicalistas de toda España se enfrentan a ingresar en prisión por haber participado -como piquetes informativos- en manifestaciones, concentraciones o huelgas de los más diversos sectores. Las penas que les piden suman 120 años.
En la lista se incluyen los casos de cuatro gallegos cuyo destino pende de que el Ministerio de Justicia apruebe un indulto que les evitela cárcel. Dos son empleadas de piscinas municipales y tendrían que empezar a cumplir condena en los próximos días, a pesar de que una de ellas está embarazada.
Los cuatro gallegos fueron condenados a tres años y un día por un delito de coacciones a la promoción de huelga (no respetar el derecho a trabajar de quien no quiere hacer huelga) por participar en un piquete informativo. Es la pena máxima prevista en el Código Penal para esta infracción y, según los sindicatos, la preferida por los fiscales que han llevado los casos contra sindicalistas. Hechos como los ahora condenados han existido siempre pero desde hace dos años, los fiscales -dicen los sindicatos- han cambiado de criterio sobre el derecho de huelga y el delito de coacciones.
"Es curioso que los fiscales defiendan más el derecho a trabajar durante una huelga que el propio derecho de huelga, que la Constitución reconoce como fundamental, y que se vulnera sistemáticamente sin que los empresarios sean condenados por ello", explica Teté Pérez Pardo, responsable de Medios, Cultura y Deporte de CC OO en Galicia.
Los de Galicia ni siquiera son los casos más sangrantes. La Fiscalía pidió en febrero pasado ocho años de prisión para ocho trabajadores de Airbus en Getafe (Madrid) que participaron en un piquete que acabó en un altercado con los antidisturbios durante la huelga general de 2010. A cuatro años se enfrenta la secretaria general de CC OO en Baleares, acusada de romper el cristal de un autobús durante un piquete por la huelga general de 2012. Como en otros casos, los sindicatos defienden que la dirigente es inocente y que no hay pruebas de que fuese la autora de los daños.
