La reforma fiscal que acaba de impulsar el Gobierno obligará a más de 20.000 autónomos gallegos a cambiar la forma en la que rinden cuentas ante Hacienda. La nueva normativa establece, según desvelaron ayer algunas asociaciones del sector, que todos los trabajadores por cuenta propia de la industria, incluida la agroalimentaria, y de la construcción deberán abandonar el denominado sistema de módulos (por el que el Fisco, con una serie de baremos, calcula lo que el empleado por cuenta propia debe tributar) para pasarse al directo, basado en datos reales de ingresos y gastos, no en estimaciones. También aquellos autónomos que tengan unas ventas anuales superiores a los 150.000 euros deberán dejar el sistema de módulos. El cambio deberá hacerse efectivo entre 2015 y 2016, y el Gobierno justificó la medida como una estrategia para luchar contra el fraude.

Esta modificación podría llegar a alcanzar a más de 20.000 empleados por cuenta propia, más de 15.000 de la construcción, un sector donde prácticamente todos cotizan en módulos, y más de 6.000 en la industria.

Según explicó el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, podrán permanecer en el sistema de módulos actividades como la fabricación de pan, bollería y pastelería, impresión de textos, comercio al por menor, cafeterías, restaurantes, quioscos, hoteles de dos o menos estrellas, talleres, taxistas, mensajeros, tintorerías, autoescuelas y peluquerías. Unos cambios que el Gobierno justifica como favorecedores de una mejor lucha contra el fraude.

Las agrupaciones de trabajadores por cuenta propia, sin embargo, valoran que la reforma establezca que los autónomos con rentas de hasta 12.000 euros puedan beneficiarse de unas menores retenciones fiscales a partir del 1 de julio.

Mientras, los expertos analizan los detalles de la reforma fiscal presentada por el Gobierno y, pese a algunas discrepancias, coinciden en varias apreciaciones. Una de ellas es que no es una reforma integral como la que se esperaba y en línea con la que planteaba la bautizada como comisión Lagares -por el nombre de su presidente, Manuel Lagares-. Es un "retoque", pero también justifican que dada la situación económica actual "es lo que se podía hacer".

Experto de Fedea

El economista Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), considera que la reforma fiscal no es estructural, y responde al compromiso electoral de bajar impuestos una vez que se inició la recuperación. Lo mejor es que los tipos bajan "tras años muy elevados; eran escandinavos y era muy difícil sostenerlos mucho tiempo", afirma.

En su opinión, la reforma es la adecuada para la situación económica actual, y aunque "hay cierto riesgo" al fiar la compensación de ingresos a esa recuperación económica, De la Fuente considera que "es una jugada bastante calculada". "La recaudación está evolucionando positivamente y mejor de lo que se esperaba. Y se supone que si los ciudadanos tienen más dinero en el bolsillo, se consume más, lo que reactiva la actividad", afirmó.