Los 175 millones de euros asignados a la prolongación del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-6) hasta final de año se financiarán con cargo a deuda pública, ante la imposibilidad legal de cargar este nuevo gasto al Fondo de Contingencia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Así lo reconoce el Gobierno en la memoria de impacto que acompaña al decreto ley que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, documento que ya ha sido enviado al Congreso. En la memoria se recuerda que el PIVE-5, autorizado en enero, fue dotado con 175 millones de euros con el objetivo de retirar de la circulación hasta 175.000 vehículos antiguos.
Sin embargo, como ya había sucedido con las anteriores ediciones del plan, "el ritmo de reservas superó las previsiones iniciales" y el dinero se agostó el 4 de junio.
Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) anunció ayer que interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo en relación con la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el pasado 13 de junio, en la que declara nulo el ERE presentado dentro del proceso de reestructuración del embotellador.
La formalización de dicho recurso se realizará dentro del plazo legal establecido, tras haberlo comunicado la compañía esta mañana en la Audiencia Nacional. El embotellador asegura que sigue creyendo "firmemente en la necesidad de seguir adelante con el plan iniciado en 2013, por lo que presentará este recurso en la profunda convicción de que los fundamentos esgrimidos serán atendidos por el Tribunal Supremo, respetando en todo caso cualquier decisión que mientras tanto pueda adoptar la Audiencia Nacional".
