El argumentario jurídico, económico y social esgrimido ayer por España en Bruselas no logró cambiar la posición del comisario europeo de la Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Joaquín Almunia, sobre el anterior tax lease: este sistema de arrendamiento financiero era "ilegal" y por tanto hay que reembolsar las bonificaciones fiscales otorgadas entre 2005 y 2011, aunque solo deberán hacerlo los inversores, como avanzó ayer FARO. Almunia se mostró rotundo y rechazó una a una las razones presentadas por el ministro de Industria, José Manuel Soria; los presidentes de los gobiernos regionales de Galicia, Asturias y País Vasco, los astilleros privados (Pymar) y los secretarios generales de CC OO y UGT.
De nada sirvió la advertencia del frente español de que esta decisión llevaría al cierre a una mayoría de los astilleros y pondría en peligro 87.000 empleos directos e indirectos en un país con una tasa de paro del 27% justo cuando Bruselas pretende impulsar la reindustrialización de Europa y el empleo juvenil. Comunidades, empresas y sindicatos coincidieron al asegurar que el último cartucho que le queda al naval es la presión política al más alto nivel que se puede permitir España: que el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, intente frenar la resolución de Almunia a través del presidente de la CE, José Manuel Durão Barroso, antes de que su propuesta se vote en el Colegio de Comisarios de la CE, el próximo miércoles 17.
Una vez fallen los comisarios, la única alternativa que le quedaría al sector es recurrir la resolución ante la Corte Europea de Justicia, dilatando aún más el bloqueo que sufre el naval desde que se suspendió el tax lease en junio de 2011, y que ya se ha llevado por delante seis astilleros privados, decenas de auxiliares y la mitad de toda su fuerza laboral (solo en la comarca de Vigo más de 11.000 puestos de trabajo).
La propuesta de Almunia provocó la indignación de los astilleros, que exigen el mismo trato que recibió Francia en 2006, cuando la Comisión declaró ilegales sus ayudas a la construcción naval pero no exigió el reintegro de las mismas. Eximir de la devolución a los astilleros, los intermediarios (agencias de leasing y entidades financieras) y los armadores "no nos soluciona absolutamente nada". "Seguiremos sin tener inversores para las nuevas estructuras (de tax lease) y seguiremos sin tener financiadores", explicó ayer desde Bruselas Alberto Iglesias, director del astillero Metalships & Docks de Vigo. Éste recalcó que los argumentos jurídicos entregados por el frente español son "extraordinariamente poderosos e irrefutables". "Tenemos la absoluta seguridad de que en un recurso esto lo ganamos al 99%", afirmó.
Pero Almunia no lo cree así. El comisario de Competencia aseguró que algunas razones expuestas ayer por el Gobierno, las comunidades, el sector y los sindicatos no se pueden "encajar en la jurisprudencia que rige la disciplina de las ayudas de Estado". Es más, una de las bazas esgrimidas por la delegación española para defender el antiguo tax lease, la carta que la anterior comisaria de la Competencia (Neelie Kroes) envió en marzo de 2009 a una ministra noruega y en la que dejaba constancia de que el sistema no era discriminatorio "no se puede tomar en consideración desde el punto de vista jurídico", según Almunia.
"Con los argumentos jurídicos que hemos visto se puede excluir de la responsabilidad de devolver las ayudas a los armadores, es decir, a los compradores de los buques. Ya habíamos anunciado que los astilleros no tienen ninguna responsabilidad a la hora de devolución de ayudas. Por tanto, queda la devolución de los inversores", apostilló. "No se pueden estirar ilimitadamente los argumentos de seguridad jurídica", añadió.
Según ha podido saber FARO, de los más de 2.800 millones de euros en bonificaciones fiscales generados en el periodo estudiado por Competencia corresponden a los inversores, es decir, a los integrantes en las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) que participaron en las operaciones de tax lease, aproximadamente un 20% del total (más de 560 millones de euros). El problema de exigir estas ayudas a los inversores, al margen de que los astilleros se quedarán sin futuros financiadores y que existe una serie de contratos que en caso de cambios normativos obligan a los constructores navales a hacerse cargo de posibles devoluciones, es que algunas operaciones de tax lease todavía no se han completado (quedan pagos pendientes a los astilleros).
Fuentes del sector reconocen que no se esperaban la inmovilidad de Almunia en la reunión de hoy. "Estamos decepcionados con la actitud del comisario; la UE y el Colegio de Comisarios no pueden validar una propuesta que dejaría a Europa a la altura de una república bananera", lamentaron desde la patronal gallega del metal, Asime.
Ni el propio ministro español de Industria, José Manuel Soria, se esperaba es respuesta del comisario de Competencia. Soria, que antes de reunirse con Almunia se mostró "optimista" respecto a los resultados del encuentro, salió del mismo alertando del daño "irreversible e irreparable" que se causará al sector. El ministro señaló que a los argumentos jurídicos ya expuestos por España desde el comienzo de este proceso (confianza legítima y seguridad jurídica) se suma la "inacción por parte de la CE desde 2002". "Nunca nadie dijo nada en contra del sistema de ayudas", manifestó. Soria también hizo alusión a la carta de Neelie Kroes (con la que se reunió brevemente ayer) y confió en que haya una reconsideración de Competencia antes del próximo miércoles.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reconoció a la salida de la reunión que la nueva propuesta, que "va en la buena dirección" tras excluir también a los armadores, "no arregla el problema del naval". "Sin financiación, los armadores, los clientes, no van a solicitar nuevos pedidos. Y sin financiación, los astilleros no van a poder construir barcos. O resolvemos la totalidad del problema o nos vamos a autoengañar", manifestó. En la misma línea se pronunció el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, quien afirmó que "el colapso" de los astilleros sigue existiendo y por tanto debe aplicarse a nuestro juicio que la devolución no tenga lugar más que a partir de 2011".
Los responsables autonómicos, así como los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y los astilleros de Pymar coincidieron en que llegado a este punto debe ser el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien se ponga al frente de la defensa del naval y medie directamente con el presidente de la CE, José Manuel Durão Barroso. "Hacemos una apelación a Rajoy para que se pronuncie ante el Colegio de Comisarios y particularmente ante el presidente de la CE. Hay tiempo para cambios en la posición de Almunia y es un tiempo que tenemos que aprovechar", afirmó el lehendakari Íñigo Urkullo.
Graves efectos sociales
Si Competencia no cambia su resolución los efectos en la sociedad gallega serán devastadores. Según el Consello Económico y Social (CES), la devolución del tax lease supondría "un drama para la economía gallega y, consiguientemente, para muchas familias que se verían abocadas a una situación de desamparo y pobreza". En su sesión plenaria, el CES, presidido por Corina Porro, concluyó que está en juego "la supervivencia del propio sector". En la misma línea, el Comité Económico y Social Europeo instó también ayer a Almunia a emitir un dictamen favorable sobre el tax lease. Este órgano ha remitido una carta al comisario en la que muestra su "preocupación" por los "graves efectos sociales" que tendría una decisión que obligara a "devolver las ayudas recibidas".
