El comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, moderó ayer su postura respecto a la resolución del antiguo tax lease al reconocer por primera vez desde que se filtró el borrador que hay "margen" para reconsiderar su propuesta. Almunia reconoció que "hasta el día en que la Comisión toma las decisiones, las decisiones no están tomadas", aunque matizó que para que haya un cambio de parecer es necesario que España aporte "nuevos argumentos jurídicos". El comisario citó al ministro de Industria, a los presidentes de Galicia, Asturias y País Vasco, a Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión) y a los sindicatos a una reunión en Bruselas el próximo jueves para tratar este tema, apenas seis días antes de que el colegio de comisarios de la Comisión Europea (CE) emita su veredicto.
Los astilleros se han tomado las declaraciones de Almunia con cautela, sobre todo después de que el comisario afirmase en varias ocasiones que cambiar la resolución "no era una cuestión de esfuerzo" sino de legalidad. Ayer, en rueda de prensa, el también vicepresidente de la CE abrió la puerta a modificar su propuesta del tax lease si las autoridades españolas aportan nuevos argumentos jurídicos. "No vale la pena tener una reunión que no esté preparada porque sería repetir unos y otros argumentos que conocemos prácticamente de memoria", advirtió. "Hay que intentar en los próximos días volver a analizar el caso, ver si hay nuevos argumentos, discutir los nuevos argumentos que pueda haber", añadió.
Desde el sector naval se insistía ayer en que hay razones jurídicas "más que suficientes" para que la Comisión no exija la devolución de las bonificaciones fiscales al naval entre 2005 y 2011, como recoge el borrador de Almunia, lo que obligaría a reembolsar más de 2.800 millones de euros, condenando a 19 astilleros privados con más de 87.000 trabajadores. La patronal gallega del metal, Asime, valoró las declaraciones del comisario socialista, al que instó a "dejar todo su empeño en analizar de nuevo, si fuese preciso, los argumentos esgrimidos durante estos meses e incluso clarificar posibles interpretaciones de estos argumentos, contundentes desde un punto de vista jurídico". "Es mucho lo que se juega España y Galicia con esta resolución y pedimos al comisario que sea lo más comprensible posible con la situación de debacle a la que estamos siendo abocados injustamente", afirmó Enrique Mallón, secretario general de Asime.
El presidente de Aclunaga, Fernando Alcalde, señaló que "por argumentos jurídicos no va a quedar". "Estamos dispuestos a ampliar la documentación que haga falta", indicó. En estos dos años de suspensión del tax lease, la defensa española ha recurrido a prestigiosos bufetes de expertos en derecho comunitario y competencia, tanto españoles como extranjeros.
La delegación que defenderá el tax lease el próximo jueves en Bruselas está formada por el ministro de Industria, José Manuel Soria; los presidentes autonómicos de Galicia, Asturias y País Vasco; responsables de los astilleros de Pymar y los secretarios generales de UGT y CC OO. Dos son los principios jurídicos claves en este proceso: la seguridad jurídica y la confianza legítima. Y el propio Almunia admitió en varias ocasiones que la Comisión debería abstenerse de exigir la devolución de las ayudas si con esto se vulneran estos principios, fundamentales en la historia de la UE.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó ayer que "daremos nuevos argumentos jurídicos". "En eso están trabajando los servicios jurídicos tanto de las comunidades autónomas más afectadas como del Ministerio de Industria", anunció.
Movilizaciones
Quienes no se fían del cambio de discurso del comisario de Competencia son los sindicatos, que esta mañana tienen convocadas movilizaciones en todas las ciudades españolas con industria naval. "Almunia tiene una opinión muy voluble, puede cambiar en cuestión de horas", indicó Ramón Sarmiento, de CC OO. Desde la CIG, César Rodríguez admitió que el "margen de Almunia" puede entrar en una "maniobra política", mientras que Diego Atanes, de UGT, matizó que las declaraciones de Almunia "lo mismo sirven para cambiar su posición, que para obligar a devolver las ayudas y decir que ya lo había advertido".
