Precisamente después de todo el revuelo con Pescanova y de los recelos que siguen levantando los salarios en algunas empresas cotizadas, el Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de una comisión de expertos en materia de buen gobierno corporativo que, en un máximo de cuatro meses, deberá elevar un informe con recomendaciones para mejorar el sistema, que el Ejecutivo se compromete a impulsar legalmente en dos meses.
El objetivo es "modernizar" los códigos de buen gobierno en España para situarnos a nivel de los estándares internacionales más elevados y fortalecer la "transparencia" y responsabilidad social de las compañías. La comisión, que liderará la presidenta de la CNMV, velará por el papel de los accionistas como controladores de los salarios en las cúpulas.
