Reforma de las pensiones

Más años trabajados para cobrar menos pensión

Los trabajadores que quieran jubilarse antes de tiempo ven endurecidas las condiciones para acceder al retiro

16.03.2013 | 14:12
Unos pensionistas hablan sobre su futuro.
Unos pensionistas hablan sobre su futuro.

Los trabajadores que quieran jubilarse antes de tiempo deberán tener más años cotizados (35 años) y se quedarán con una pensión menor, mientras que tendrán más facilidades quienes quieran compatibilizar su prestación con un trabajo.

Estas dos medidas están incluidas en la nueva reforma de pensiones aprobada por el Gobierno, que también desincentiva la jubilación parcial y traspasa a las empresas el coste de despedir a sus trabajadores de más de 50 años.

Asimismo, endurece el acceso de los mayores de 55 años al subsidio por desempleo -del que se registran 7.000 solicitudes al mes-, que es la única ayuda que les queda antes de empezar a cobrar la pensión de jubilación y tras haber agotado su prestación por paro.

Para cobrarlo no se tendrá en cuenta, como hasta ahora, sólo las rentas del beneficiario, sino las de la unidad familiar, que no podrán superar el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (641,30 euros para 2013) excluida la parte de las pagas extraordinarias.

La norma no tendrá carácter retroactivo para los expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados antes del 15 abril ante las autoridades de Empleo y cuyos efectos duren hasta 2019.

Fuentes del Ministerio de Empleo han cifrado en unos 5.000 millones de euros el ahorro total que se obtendrá por la aplicación de estas modificaciones hasta 2027.

Los cambios introducidos en la jubilación parcial implicarán un menor coste (de 2.400 millones) hasta el 2027, mientras que la jubilación anticipada y la compatibilización de la pensión con un salario supondrán un ahorro de más de 2.000 millones.

En lo que respecta a las jubilaciones anticipadas, la voluntaria sólo podrá pedirse dos años de antes de cumplir la edad legal de jubilación vigente en cada ejercicio (67 años en 2027), en tanto que la forzosa podrá adelantarse como máximo 4 años.

Más fácil lo tendrá cualquier persona que quiera compatibilizar su pensión de jubilación con un trabajo por cuenta propia o ajena.

Para ello habrá que haber llegado a la edad legal de jubilación y tener adquirido el 100 % de la base reguladora (para los funcionarios se llama "haber regulador", ya que su sistema de cotización es distinto).

Quienes opten por esta modalidad recibirán el 50 % de su pensión y el salario que obtengan por seguir en activo, que en el caso de los funcionarios sólo podrá provenir de una empresa privada.

Para las grandes empresas (con 100 o más empleados) que hagan despidos colectivos e incluyan a mayores de 50 años, se fija que tendrán que costear la prestación por desempleo de estos trabajadores si entre el año anterior al despido y los cuatro siguientes al mismo encadenan dos ejercicios positivos.

Según la norma, las aportaciones deberán realizarse cuando exista discriminación por razón de edad en los despidos, es decir, cuando el porcentaje de trabajadores de más de 50 años incluidos en el despido colectivo sea superior al peso de ese colectivo en la plantilla de la empresa.

De esta forma, una empresa con 100 empleados, de los que 25 tengan más de 50 años, podría plantear un despido colectivo de 20 personas sin aportación al Tesoro para prestación por desempleo, si sólo incluye entre 1 y 5 trabajadores de más de 50 años.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que la reforma servirá para promover el "envejecimiento activo" de la población y alargar la vida laboral.

También servirá para hacer más sostenible el sistema público de pensiones, a pesar de que, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, no está peligro y las prestaciones están garantizadas.

No han opinado lo mismo los sindicatos CCOO y UGT, que han considerado una burla al Pacto de Toledo esta nueva reforma de pensiones, tras la que ellos pactaron en 2011 con el Gobierno socialista y las patronales CEOE y CEPYME.

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