El Gobierno Federal de Argentina asestó un nuevo golpe al proceso de expropiación de la filial del Grupo Vieira en Puerto Deseado impulsado por el Gobierno de la provincia de Santa Cruz al dictaminar que la empresa gallega es la única autorizada para procesar pescado en la planta de Puerto Deseado.
La dirección de Asuntos Jurídicos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria resolvió que Vieira Argentina es la única responsable sanitaria ante este organismo, "por lo tanto la única autorizada para procesar, rotular y exportar en el establecimiento". Esta resolución impide que el Gobierno de Santa Cruz, que expropió la filial de Grupo Vieira, pueda poner en marcha la factoría de procesado de pescado. Para hacerlo, según los servicios jurídicos del organismo sanitario, tendría que autorizarlo el juez que entiende del proceso concursal.
Con anterioridad el Gobierno de Santa Cruz ya recibió al menos tres varapalos por parte de la justicia federal en relación a la expropiación de Vieira Argentina.
Así, el juzgado Nacional de lo Comercial de Buenos Aires aceptó el concurso de acreedores de Vieira tres días antes de la expropiación de la empresa por el grupo vigués. Después, este mismo juzgado admitió a trámite la demanda contra la inconstitucionalidad de la ley de expropiación de Santa Cruz y, por último, el reconocimiento de que las licencias de los siete buques de Vieira Argentina, en vigor hasta junio, son propiedad de la armadora viguesa, por lo que la flota tampoco puede operar en estos momentos.
Sin embargo, el gobernador de la provincia de Santa Cruz y artífice de la expropiación, Daniel Peralta, sigue apostando por convertir a Vieira Argentina en una sociedad del Estado. Peralta volvió a justificar el pasado martes la expropiación de la armadora gallega porque "no cumplió con lo pactado en el contrato inicial, generando grandes pérdidas para el Estado y poniendo en riesgo una gran cantidad de puestos de trabajo". Y añadió que había recibido de los trabajadores de la ex Vieira un proyecto de sociedad mixta entre trabajadores y el Estado "que voy a transformar en un proyecto de ley y a enviar a la Legislatura en los próximos días".
Mientras, el Gobierno de Santa Cruz emprendió una ofensiva ante la corte federal que estudia la posible inconstitucionalidad de la expropiación de la filial de Vieira en Argentina.
En su escrito en defensa de la expropiación, el representante legal de la provincia de Santa Cruz mantiene que "es la propia Constitución la que autoriza al estado a utilizar el instituto de la expropiación cuando juzgue que aquello que se encuentra en manos privadas tiene utilidad pública" y asegura que "la determinación de la utilidad pública es una atribución asignada por el Constitución al poder legislativo -en nuestro caso, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz-, sobre la cual no pueden inmiscuirse".
El abogado de la provincia de Santa Cruz justifica en su escrito la expropiación ante "la grave situación económica de la empresa Vieira Argentina y la crisis social producida fundamentalmente a partir de la suspensión del pago de salario a sus trabajadores - de los cuales dependen numerosas familias de la localidad de Puerto Deseado-, las que han llevado a la provincia de Santa Cruz a intervenirla".
Añade, además, que el juez del constitucional "carece a todas luces de competencia en materia expropiatoria" y asegura que la actuación en contra del proceso de expropiación "debe plantearse ante la Justica de la provincia de Santa Cruz".
