El magistrado titular del Juzgado de lo Social número 2 de Vigo ha desestimado la demanda de la CIG contra la empresa Faurecia Asientos de Galicia y los sindicatos firmantes del último convenio colectivo (UGT, CC OO y CUT) por no haber sometido el conflicto colectivo abierto por la central nacionalista a la comisión paritaria del convenio, según el fallo al que ha tenido acceso este diario. La sentencia, contra la que cabe recurso de suplicación en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tiene un especial interés para el sector, ya que afecta a uno de los mayores proveedores de PSA Peugeot Citroën en Vigo y aborda el fenómeno de la creación de nuevas categorías laborales en la automoción como fórmula para ahorrar en costes salariales.

El actual convenio colectivo de Faurecia Asientos de Galicia, aprobado por los votos de UGT, CC OO y CUT y ratificado en asamblea por los trabajadores, recoge la creación de una nueva categoría de empleado, la de Peon-B, que realiza el mismo trabajo que los Especialistas pero cobra un 15% menos. Esta categoría solo se puede aplicar durante un máximo de 18 meses y siempre dentro de la vigencia del actual convenio. Su implantación tenía como objetivo que la empresa pudiese crear empleo en épocas de crisis y ser más competitiva en costes para optar a los nuevos lanzamientos de PSA-Vigo, en concreto, al proyecto M3-M4, según la sentencia.

La CIG, pese a que el convenio colectivo fue ratificado por la mayoría de los trabajadores (235 de 365), decidió denunciar el convenio y a los sindicatos que lo suscribieron ya que entiende que esta nueva categoría laboral va en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores. No obstante, el juez ha desestimado la demanda, argumentando que la central nacionalista debió haber llevado este conflicto a la comisión paritaria del convenio, como alegó la empresa. La creación de nuevas categorías laborales ya es habitual en la automoción gallega.