Se daba por hecha y ayer se confirmó. La filial argentina de la compañía pesquera viguesa Vieira en la provincia de Santa Cruz -al sur del país y referente de la propia presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner - será expropiada, lo que significa la incautación por parte de las autoridades locales tanto de la fábrica, como los siete buques y demás bienes de la empresa en esa zona del país austral.
Así lo decidió el pleno de la Cámara provincial de Santa Cruz, reunido ayer en sesión extraordinaria y con ese único punto en el orden del día para abordar el proyecto de ley 310/12 para la enajenación de los bienes de Vieira. Tras casi dos horas de debate y en presencia de una trintena de trabajadores de la empresa, al final la Cámara adoptó la decisión de expropiación gracias a los 22 votos del Bloque Frente Para la Victoria Santacruceña-Partido Justicialista -el de la presidenta Fernández- y las únicas abstenciones de dos legisladores de la oposición radical. Precisamente desde las filas radicales surgieron las únicas objeciones a la expropiación, basadas especialmente en cuestiones legales y técnicas, en el futuro funcionamiento de la empresa expropiada y en el coste para el gobierno de la operación, según aseguraron a este diario fuentes asistentes a la sesión.
Por su parte, desde la propia Cámara provincial de Santa Cruiz se informó que el proyecto de ley aprobado declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación" la empresa, sus instalaciones y bienes inmuebles, que incluyen la planta de procesado y almacenamiento de productos del mar en Puerto Deseado, los siete buques de la compañía en la zona, así como toda la maquinaria y equipamiento de Vieira Argentina SA.
Según las autoridades locales, el fin de la expropiación es procurar "la continuidad económica, mantenimiento de las fuentes laborales [empleo] y explotación en manos de los prestatarios de servicios y trabajadores, en pos de un desarrollo productivo, industrial y social de la provincia de Santa Cruz".
La norma sancionada ayer faculta, además, a las autoridades provinciales a designar a quienes deberán efectuar el inventario y las tasaciones, con la intervención de las autoridades y organismos técnicos y fiscales del Estado. Asimismo, se autoriza al ejecutivo provincial a conformar una comisión "ad-hoc" y "ad-honorem" con trabajadores, organizaciones prestatarias de servicios de la empresa sujeta a expropiación y municipio de Puerto Deseado para el seguimiento del proceso expropiatorio.
Mientras, otro artículo de la ley aprobada ayer faculta a las autoridades provinciales a "realizar los contratos, convenios y concesiones, pudiendo contemplar la participación de los trabajadores organizados [sindicato] para la correcta explotación de la planta en miras a la concreción del desarrollo productivo y social de la misma", de acuerdo con la Constitución provincial.
Tras la aprobación de ayer, la ley se promulgará y, desde ese momento se abrirá un periodo de 30 días para iniciar los trámites pertinentes para el proceso expropiatorio.
