La Ley de Estabilidad Presupuestaria que fija un déficit cero para todas las administraciones públicas a partir de 2020 ha sido aprobada definitivamente con los apoyos del PP y de CiU y con el rechazo del PSOE, por lo que entrará en vigor cuanto antes para dar "confianza", según ha asegurado el Gobierno.
El pleno del Senado ha rechazado hoy el único veto, presentado por ICV, así como las 97 enmiendas al proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que posteriormente ha sido aprobado por mayoría absoluta y con el apoyo de CiU, UPN, Foro Asturias y la abstención del PNV y CC.
El grupo socialista ha vuelto a votar en contra de esta ley, tal como hizo en el debate que tuvo lugar en el Congreso el pasado 12 de abril y tras el intento del PP de pactar una abstención.
Así, el texto de la nueva ley contempla un déficit cero para todas las administraciones a partir de 2020 y no del 0,4 % del PIB que es lo que defendía el PSOE y como asegura que se pactó en agosto tras reformar el artículo 135 de la Constitución.
La norma de Estabilidad Presupuestaria también fija una reducción de la deuda pública al 60 % en 2020 y amplía el plazo para reducir el endeudamiento de las comunidades autónomas de ocho a veinte años.
Además las administraciones incumplidoras con el déficit deberán constituir un depósito retribuido del 0,2 % de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que esta ley supone la "llave de acceso a los mercados" porque garantiza la confianza y la fiabilidad de la economía española.
Durante su defensa en el Senado, Montoro también ha aseverado que "el Gobierno no dudará en aplicar la nueva ley a aquella comunidad autónoma que no cumpla con su compromiso de déficit", al tiempo que ha negado que ponga en riesgo las competencias autonómicas.
"Nos jugamos el país, el proyecto de España en Europa y el euro. Es una ley para aplicarla ya, para que esté en vigor el 1 de mayo", ha dicho, tras reiterar que "no cabe el desorden en las cuentas públicas ni el desequilibrio financiero" porque la economía española atraviesa momentos difíciles, problemáticos y de recesión.
Por su parte, el diputado del PP Juan Antonio de la Heras ha señalado en el debate que durante el desarrollo reglamentario de la norma el PP podrá concretar "algunos compromisos puntuales con las administradores locales".
Al respecto, ha asegurado que "es razonable" permitir "nuevas apelaciones al crédito cuando se cumple el objetivo de deuda", a pesar de que la ley exige destinar el ahorro a reducir deuda.
Por este motivo, se ha mostrado convencido de que una vez se implemente la ley puedan realizarse "algunos cambios complementarios" para aquellas corporaciones que cumplen sus compromisos.
Por parte del PSOE, la senadora María de los Ángeles Marra ha sido la encargada de defender las enmiendas al articulado de la ley de estabilidad que ha presentado su partido.
Marra ha resaltado el valor del "gran acuerdo" alcanzado entre PSOE y PP para reformar la Constitución que, en su opinión, el Gobierno ha roto realizando "un ejercicio de irresponsabilidad y deslealtad".
Según ha señalado, el problema de las políticas presupuestarias es la falta de confianza, "a lo que no contribuye esta ley exprés que se quiere aprobar corriendo".
La senadora del PNV Rut Martínez ha lamentado la negativa del Gobierno a aceptar modificaciones para evitar las injusticias que se comete con los ayuntamientos cumplidores de déficit y a los que se les impide endeudarse para generar actividad económica.
En esta línea, el senador de CiU Ferran Salvado Bel ha criticado que se establezca un techo de gasto en función de la evolución del PIB de forma genérica, algo que ha considerado "injusto".
Desde Coalición Canaria, Narvay Quintero ha defendido las 11 enmiendas de su grupo al proyecto de ley porque "permiten que las autonomías que reduzcan su endeudamiento pueda utilizar el gasto como estabilizador"
