La cajetilla de tabaco se encarecerá desde hoy mismo hasta 63 céntimos en el caso de algunas marcas, como resultado de la subida extraordinaria de los impuestos especiales que ayer anunció el Gobierno dentro del programa extraordinario de ajuste y estímulo de la actividad económica. El Consejo de Ministros aprobó ese paquete de medidas, pensado para contener los ataques a España en los mercados financieros y alentar el crecimiento. Y añadió otro compromiso pensado para persuadir a los inversores de la determinación reformista del equipo de Zapatero: el proyecto para las pensiones estará listo para tramitación parlamentaria el 28 de enero, a pesar de que no hay atisbo de acuerdo entre los partidos ni con los agentes sociales.
Los impuestos especiales del tabaco suben desde hoy el 24%, lo que se traducirá en un encarecimiento de las cajetillas superior al 7%. El Ministerio de Economía ha estimado que las marcas más populares se encarecerán unos 25 céntimos, un aumento semejante al que ya aplicaron los fabricantes el pasado junio. No obstante, la subida no será uniforme, variará según las marcas. La cajetilla de gama baja pasará de 2,90 a 3,53 euros (63 céntimos más de media). Marcas más consumidas, como Fortuna, pasarán de 3,40 a 3,66 euros, y las de gama alta, como Marlboro, pasarán de 3,85 a 4,11 euros. Es notable la subida del tabaco de liar, cuyo consumo se ha elevado y que pasa de costar una media de 1,8 euros el paquete de 20 gramos a 2,45 euros.
La ministra de Economía, Elena Salgado, subrayó ayer que el tabaco seguirá siendo más barato que en Reino Unido, Alemania o Francia. También, que esta subida de impuestos se produce a las puertas de la aplicación, a partir de enero, de la nueva ley que prohibirá fumar en todos los establecimientos públicos. Salgado quiso por ello señalar que la medida fiscal está en parte inspirada por un criterio de salud pública. La industria tabaquera y la Unión de Estanqueros auguran que las ventas pueden caer el 20% y favorecer el «comercio ilícito» (la compra de tabaco de contrabando).
El objetivo capital del Gobierno es recaudatorio. Aun considerando que los nuevos precios y la nueva prohibición reducirán el consumo, Economía estima que podrá ingresar 780 millones de euros más con la subida fiscal. Tal cantidad permitirá al Ejecutivo, según Salgado, compensar la merma de ingresos que supondrán las mejoras fiscales para pymes y costear otros gastos. A la postre, los 780 millones extra allanan el camino para que el Gobierno cumpla el compromiso de reducción del déficit (6% en 2011), considerado vital para que no se deteriore más la confianza de los inversores en la economía española. Salgado descartó más subidas de impuestos.
Los retoques en el tributo sobre sociedades en favor de las pymes supondrán para un ahorro de 230 millones de euros el próximo año, según Salgado. La reforma amplía el número de empresas y el tramo de tributación que se puede acoger al tipo mínimo del impuesto (25%).
El Gobierno confirmó asimismo la eliminación, a partir de febrero de 2011, del subsidio de 426 euros para los parados que agoten las demás prestaciones, decisión que, según algunas informaciones periodística, se ha tomado contra la opinión del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. Dirigentes socialistas han mostrado su malestar y miembros del Gobierno, como la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, han sugerido que se creará una prestación alternativa vinculada a la formación. Sin embargo, Elena Salgado evitó referirse a esa posibilidad al presentar los acuerdos del Consejo de Ministros.
El Gobierno dio luz verde también al inicio del proceso para privatizar parcialmente (49%) la sociedad aeroportuaria Aena, incluida la gestión de los aeródromos de El Prat (Barcelona) y Barajas (Madrid), así como la venta también parcial (30%) de Loterías y Apuestas del Estado, gestor de los juegos de azar de titularidad estatal.
Los acuerdos incluyeron además como novedad la reducción en un 35% la prima (subvención) que cobran los productores de energía eólica, lo que permitirá reducir los costes de la electricidad.
Y el Gobierno trató de reforzar la enjundia de las nuevas medidas anunciando que el Consejo de Ministros del 28 de enero aprobará el proyecto de reforma de las pensiones, para su tramitación parlamentaria. El anterior plazo que se había fijado el Ejecutivo era el 31 de marzo. El nuevo llega cuando se mantienen grandes diferencias entre los partidos en la Comisión del Pacto de Toledo y sin que haya empezado el diálogo con sindicatos y patronal. El Gobierno mantiene su propuesta de retrasar la edad de jubilación a los 67 años. Rubalcaba aseguró que habrá diálogo, pero también declaró: «El tiempo ha terminado, llevamos meses discutiendo y es bueno fijar una fecha». Las grandes empresas emplazaron el pasado sábado a Zapatero a acelerar las reformas pendientes.
