El Consejo de Ministros aprobó hoy el Plan de Prevención y Corrección del Fraude fiscal, laboral y de Seguridad Social con el objetivo de responder a los cambios en los tipos de fraude debido a la crisis, especialmente en lo relacionado con la economía irregular y el trabajo no declarado.
Así lo anunciaron en la conferencia de prensa posterior al Consejo, las vicepresidentas Mª Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado, quienes destacaron que el Plan incluye sesenta medidas orientadas a la prevención, a coordinar la captación de la información, a mejorar la eficacia del control sobre el fraude y a cooperar en las acciones de recaudación, con la colaboración entre los organismos públicos.
El Gobierno prevé que el Plan aporte unos ingresos equivalentes al 0,1% del PIB que servirán para contribuir a la consolidación de las finanzas públicas.
De la Vega señaló que con el Plan se reforzará la lucha contra los paraísos fiscales y el fraude con el triple objetivo de defender un modelo social, garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas y proteger la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, avanzó el pasado mes de diciembre que en el primer trimestre de 2010, el Gobierno aprobaría un plan integral de lucha contra el fraude fiscal, laboral y de las prestaciones de la Seguridad Social con nuevos medios e instrumentos, para garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas.
Centrados en las empresas
De hecho, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, explicó hace unos días que el plan de lucha contra el fraude fiscal que el Gobierno aprobará hoy tiene como objetivo "mejorar la coordinación entre la prevención del fraude fiscal y la del laboral y coordinar las actuaciones de la Agencia Tributaria y de la Inspección de Trabajo". "Ahí hay sinergias claras que se pueden obtener", apuntó.
Además, Ocaña precisó que se prestará menos atención al fraude en el sector inmobiliario, porque "ahora ese no es el problema" dada la caída de la actividad en el sector. En su lugar, los recursos se redirigirán a "empresas que hacen una actividad económica sumergida frente a una actividad económica aflorada, normal, que podían hacer en otros momentos", dijo.
"Son mejoras de gestión fundamentalmente, pero que redundan en una mayor eficacia en la lucha contra el fraude y también por tanto en una mayor justicia porque el fraude es la antítesis de la equidad. Si hay menos fraude conseguiremos que se repartan las cargas más igualitariamente entre todos", indicó Ocaña.
El secretario de Estado de Hacienda defendió la semana pasada que en la lucha contra el fraude fiscal "hay que ser activos en todos los frentes" y no concentrarse únicamente en las grandes empresas, que en todo caso ya cuentan con una oficina especial dentro de la Agencia Tributaria.
