Diez años después de que dejase su puesto de presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (en 1999), Carmen Fraga vuelve a ser elegida para el cargo. Igual que entonces, el futuro de la pesca dependerá mucho de la reforma que se haga de la Política Pesquera Común (PPC) en 2012 tras comprobarse que la de 2002 no fue todo lo efectiva que se esperaba.

–¿Qué significa para usted volver a ser la presidenta de la Comisión de Pesca del PE?

–Un honor. Es una oportunidad de seguir tratando de mejorar la PPC en un momento en el que se inicia una nueva reforma. En 1996, en este cargo, presenté un informe con el que la Comisión de Pesca pretendía adelantarse y fijar sus posturas ante la reforma de 2002. Ha costado 13 años, pero escuchar al comisario de Pesca proponer como posibles soluciones para la futura PPC algunas de las cuestiones que proponía en mi informe, y hacerlo sentada a su lado como presidenta, produce una sensación especial.

–Al repetir en la presidencia, ¿tratará de avanzar en las cuestiones que ha hecho suyas en la Comisión de Pesca del PE?

–Mi mandato anterior supone un plus de experiencia, pero las situaciones cambian. Estamos ante la revisión de la PPC, y ese va a ser nuestro principal trabajo. Mejorarla para garantizar la recuperación de las poblaciones pesqueras dotando al sector de una mínima estabilidad en su actividad económica. Será el objetivo de todos.

–¿Y el suyo?

–Lograr que se reforme la política de conservación y gestión pesquera, que casi no se tocó en la reforma de 2002 y que ha sido un fracaso sin paliativos. Por mucho que en sus orígenes el invento de la estabilidad relativa y el sistema de Totales Admisibles de Capturas (TACs) y cuotas fueran soluciones que permitieron poner en marcha la primera PPC, el mundo no es el mismo que hace 30 años, y el pesquero menos. Si el entorno cambia hay que cambiar con él y no aferrarse a medidas del pasado.

–¿Se va a significar –como hizo contra las redes de deriva– en luchar contra la pesca ilegal?

–Siempre lo he hecho. Es un delito doblemente infame: roba los escasos recursos a los pescadores legales y mancha su reputación. La fijación que hay en determinados ámbitos contra la pesca, a la que se pretende poner límites como si fuera la única actividad que utiliza el medio marino, proviene de prácticas ilegales.

–¿Qué papel tiene España en esa lucha contra la pesca ilegal?

–Hay más declaraciones rimbombantes que actuaciones reales. Aquello de que en España la pesca ilegal iba a ser equiparada a delitos como el genocidio... Sí, muy bien, pero luego el Consejo de Ministros de Pesca de la UE aprueba un reglamento contra la pesca ilegal y retrasa su entrada en vigor a 2010. Es una normativa complicada y hasta que empiece a dar sus frutos va a pasar un tiempo, un tiempo perdido. España sigue sin poder evitar que se le señale en relación con la pesca ilegal.

–¿Por amiguismo o connivencia en el sector con algún representante de la Administración?

–Para acusar al Gobierno de eso hay que tener pruebas, pero creo que hubo malas decisiones. Hasta la CE ha dado pruebas de malestar. Permitir que exista siquiera la sospecha no parece la mejor prueba de compromiso contra la piratería.

–¿Por qué hay tantos armadores gallegos vinculados a la pesca ilegal?

–Creo que son muy pocos y que si queda alguno debe estar a punto de dejar de existir. En el pasado la pesca dio mucho dinero y cuando llegan las vacas flacas siempre hay quien se resiste a renunciar al negocio. Y eso se produce más donde más flota hay. Es un efecto estadístico que cae de cajón. Intento explicar un hecho no disculparlo. Estas actividades no tienen cabida en la UE y su destino es el castigo más duro que las legislaciones prevean.

–¿Qué papel puede desempeñar la Comisión de Pesca del PE en la aplicación de programas de protección de los tiburones?

–Espero que importante. Vamos a ver si conseguimos librarnos de la confusión que crean algunas organizaciones medioambientales incluyendo todos los tiburones en el mismo saco, independientemente de sus características, localización y estado biológico. A lo mejor conseguimos convencer a esas asociaciones de que la flota comunitaria no practica el finning.

–Con el uso desde 2010 del diario electrónico de pesca es probable que se reduzcan las capturas, pero en España hay muchos barcos. ¿Qué ocurrirá?

–Puede ayudar a que tengamos una fotografía real de lo que pesca la flota y dónde, que se amplíe la responsabilidad de los pescadores y les ayude a darse cuenta de que actúan sobre un recurso que es un bien público y deben rendir cuentas del uso que hacen de él. En cuanto al número de barcos, en último caso puede ser un problema de plazos. Creo que han sabido con anticipación cuáles van a ser sus obligaciones, pero si estas constituyen un problema de adaptación seguro que las administraciones serán sensibles a él.

–Otro atunero español, el ´Alakrana´, secuestrado en el Índico. ¿Cómo cree que está siendo la gestión del Gobierno?

–Los asuntos de Defensa no son los míos, pero me parece que el Gobierno de España está pecando de inacción. Pretender desmarcarse de la grave situación por la que pasa una empresa española porque es privada nos llevaría a hacernos preguntas sobre el apoyo a otras muchas compañías privadas españolas, bancos incluidos.

–¿Qué le parece que dijera que el buque estaba fuera del perímetro de seguridad?

–Poner el ojo del huracán en la actuación de un barco es injusto porque un atunero no es un mercante que puede ir por una ruta previamente marcada. El atún es una especie migratoria que no se queda en el perímetro de seguridad para hacerle un favor al Gobierno.

–¿Qué prefiere: vigilancia privada o militares a bordo de los barcos españoles?

–No sé si legalmente sólo se puede optar por la seguridad privada o si es posible algún tipo de protección militar. La famosa solución de la autoprotección no me gusta y me parece muy peligrosa. Es normal que la flota se pregunte para qué tenemos un capítulo de gasto militar en los presupuestos que tiene tantos ceros y para qué sirven las fragatas y los aviones que pagamos todos.