Sin duda, la subida del precio del gasóleo ha supuesto un problema muy serio para estos profesionales para los que el combustible supone más de un tercio de sus costes operativos pero, desde el propio sector, se reconoce que hay otros factores que también provocan importantes conflictos que afloran en tiempos de dificultades añadidas.

La primera de estas cuestiones, aunque entre los profesionales del transporte no se reconozca de forma unánime, es el exceso de oferta.

Hace ya algunos años desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que no apoya el paro, se dijo que en España sobraban camiones, e incluso se atrevieron a cifrar este excedente en unas 50.000 unidades.

Ahora también se reconoce que sobran vehículos, más cuando como consecuencia de la desaceleración de la economía, disminuye la actividad en algunos sectores como el de la Construcción que requiere menor transporte de las materiales relacionadas con esta actividad.

Este exceso de camiones es consecuencia directa de la reconversión industrial que se llevó a cabo por el que fue ministro de Economía de Felipe González, Carlos Solchaga, ya que con las indemnizaciones que se pagaron muchos adquirieron un camión y se dedicaron al transporte. Ya ha llovido desde entonces.

Años después, una de las reivindicaciones del sector fue que no se concedieron tan alegremente las tarjetas que autorizan a la actividad del transporte.

Así se cree también en el Ministerio de Fomento, que pide al sector que se reestructure y se reorganice para adaptarse a las nuevas situaciones provocadas por el mercado. Al menos así se ha puesto de manifiesto durante las negociaciones de las últimas semanas.

El Transporte en España (con 108 vehículos por cada 1000 habitantes) sufre una importante falta de estructuración. Aunque se ha mejorado en este sentido, son muy pocas las grandes empresas del sector que estarían en mejor situación para soportar los riesgos de una desaceleración o crisis económica más o menos prolongada.

Todavía hay un porcentaje muy alto de transportistas autónomos, que como máximo tiene dos vehículos y que dependen totalmente para su actividad de los cargadores, quienes marcan las tarifas.

El transportista autónomo no se puede permitir el lujo de tener el vehículo parado demasiado tiempo porque es un inmovilizado que cuesta mucho mantener y además, en muchas ocasiones, está lastrado por un fuerte endeudamiento.

La adquisición de un vehículo supone un desembolso muy importante que se tiene que financiar en la mayor parte de las ocasiones.

Un camión parado produce la ruina del autónomo, mientras que el flotista puede reducir su actividad, sin que esto repercuta tan gravemente en su estabilidad empresarial.

Y es este uno de los principales escollos a los que se enfrentan los "camioneros", que cada vez quieren estar menos tiempo en la carretera, para evitar una serie importante de enfermedades profesionales, y desean, en definitiva mejorar su calidad de vida.

Finalmente hay que tener en cuenta otro aspecto importante, como es el de las cargas. Los profesionales se quejan de que no pueden aplicar tarifas automáticamente sobre la base de las oscilaciones del combustible y quieren que se apliquen tarifas mínimas obligatorias.

No parece fácil la solución, porque desde el Ministerio de Fomento no se acepta este extremo, y desde Economía no se va a tocar la fiscalidad del gasóleo, con lo que parecen bloqueadas las dos principales salidas.