Los ejecutivos de la Liga de Fútbol Profesional, con José Luis Astiazarán a la cabeza y el abogado Javier Tebas entre bambalinas, han muñido con el Gobierno un acuerdo del que los clubes no tienen constancia oficial. Así lo comentaban ayer en Praza de España. Han conocido los términos del protocolo sobre las deudas de Hacienda por los rumores de corrillo y las noticias de los medios de comunicación.

Imposible, por tanto, valorar cómo se sustanciarán exactamente ese protocolo y en qué medida puede afectar al plan de viabilidad que marca la política económica del Celta tras superar el proceso concursal. Porque lo cierto es que la entidad viguesa tiene su propio acuerdo con la Agencia Tributaria (AEAT). Como uno de los principales acreedores, la AEAT nombró a uno de los administradores que tutelaron el concurso. El entendimiento con el consejo céltico fue total. Los celestes y los representantes del fisco pactaron en su día un plan de pagos a diez años para resolver las deudas. Desde el club señalan que se está cumpliendo escrupulosamente.

Difícil anticipar si en el colectivo de clubes habrá algún movimiento de oposición o protesta antes los rectores de la Liga. Tebas suele atar bien sus maniobras. Pero es seguro que muchos lamentarán que de las negociaciones con el ministro de Deporte, José Ignacio Wert, y el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, exjuez del Comité de Competición futbolístico, no haya salido ninguna solución para las reinvindicaciones del fútbol profesional: eliminación del partido retransmitido en abierto, mayor porcentaje del beneficio de las quinielas y reducción del IVA del 18% al 8% que se paga en otros espectáculos públicos.