El grupo sindicado de acreedores ha definido su estrategia legal para oponerse a la capitalización de 5,5 millones de euros a la que pretende acogerse Caixanova y pide que "se aclare el destino de tres millones de euros" adeudados por el Celta a la entidad crediticia "que no sabemos dónde están".

La línea de actuación se acordó ayer después de una reunión celebrada en la localidad zamorana de Benavente en la que participaron los abogados Pablo Viana, Sergio Sánchez y Pablo Estévez, representantes legales de los ex futbolistas celestes que han optado por convertir en acciones 3,5 millones de euros con la idea de forzar su presencia en el consejo de administración del club.

La fórmula elegida será la interposición de un recurso ante el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Pontevedra, en cuya sala de juntas se firmó el pasado 30 de junio el convenio de acreedores que puso fin al proceso concursal. En concreto, se interpondrá un recurso de reposición contra la providencia en la que los acreedores optaron por escrito a una de las tres modalidades de cobro propuestas por el club.

En su adhesión al convenio, Caixanova firmó una quita del 85 por ciento para uno de sus créditos, por importe de 5,5 millones. Sin embargo, el último día de plazo para elegir la modalidad de cobro la entidad bancaria cambió de opinión y optó por la conversión en acciones perjudicando, según los denunciantes, sus intereses. De este modo, el grupo opositor a Mouriño espera invalidar la capitalización.

El abogado Pablo Viana denuncia la existencia de un pacto bajo cuerda entre Mouriño y Caixanova para lesionar los intereses de otros acreedores restándoles participación en el accionariado para evitar su entrada en el consejo de administración.

Viana afirma que el grupo opositor tiene derecho a dos miembros e el organo de dirección del club ."¿Cómo es posible que les alegre tanto que capitalicemos deuda por valor de más de tres millones de euros y al mismo tiempo les moleste nuestra presencia en el consejo?", se pregunta el abogado vigués, que considera igualmente "inconcebible" que Mouriño responsabilice a Pablo Contreras y a Diego Placente del descenso del Celta y al mismo tiempo dé la bienvenida a sus representantes al accionariado del club.

Pablo Viana subraya que el interés de los opositores no es otro que "el bien del Celta" y que su presencia en el consejo no responde a un deseo de controlar la entidad, sino de "fiscalizar y dar transparencia" a la actual gestión del club. El abogado vigués aclara, igualmente, que las medidas legales que emprenderá el grupo sindicado de acreedores defienden "intereses legítimos" . "Nunca se nos ha pasado por la cabeza demandar al Celta. Las medidas legales no van contra el club, sino contra las decisiones de su gestores", explica.