El PP de Ponteareas denunció en el juzgado la tramitación realizada por el gobierno local para crear una plaza de técnico de intervención y el alcalde, Xosé Represas, decidió anular esa plaza. Consecuentemente, el juzgado dio por terminado el procedimiento por "satisfacción extraprocesal y pérdida sobrevenida del objeto", sin embargo acordó imponer al Concello de Ponteareas las costas judiciales que deben ser pagadas al PP, con un límite de 700 euros, para gastos de asistencia letrada.
Por este motivo, el PP solicita en una moción "que esa cantidad sea asumida directamente por el alcalde y no con dinero público de todos los vecinos ya que fue consciente en todo momento de que el expediente no reunía los informes favorables necesarios y era contrario a la ley".
