Los dos sindicatos que representan en la junta de personal del Concello de Baiona a la mitad de sus trabajadores reclamaron ayer al regidor, Ángel Rodal, el "cese inmediato" de su número dos, María Iglesias, como concejala de Personal por ser su marido policía municipal. En sendos comunicados, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) afirma que existe una "incompatibilidad manifiesta" de su cargo con su situación personal y la acusa incluso de favorecer a su pareja, mientras que UGT la tacha de "ineficaz" y argumenta que "no es ético ni moral sentarse a negociar teniendo un familiar directo como trabajador". La edil los invita a denunciarla en los juzgados "si tienen pruebas de alguna irregularidad" en lugar de someterla a "injurias tan graves".

María Iglesias es en la actualidad teniente de alcalde y concejala de Cultura, Medio Ambiente y Personal. Accedió a la Corporación y al gobierno municipal como edil de Cultura y Turismo en 2007 y en 2009 el anterior alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, la puso al frente del departamento de Personal, cuando su esposo ya formaba parte de la plantilla de la Policía Local. "En ocho años nunca han denunciado el caso y ahora sí. Yo tengo la conciencia muy tranquila. Que digan en qué he favorecido a mi marido o a la Policía. De hecho, la mayor conflictividad con los agentes ha surgido en estos últimos años y yo siempre me he apartado de cualquier negociación precisamente por el conflicto de intereses", recalca.

Lo cierto es que la CSIF habla de acuerdos que trataron de favorecer a su pareja y otros agentes, pero no aclara cuáles son. "Lo que ocurre es que existe un conflicto entre trabajadores porque estamos negociando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y yo no tengo la culpa. Lo que deberían hacer es unirse para defender sus derechos laborales y salariales y dejarse de ataques personales para confundir", explica.

El alcalde salió en su defensa. Bajo ningún concepto la va a cesar de sus funciones, asegura, porque tiene "plena confianza" en Iglesias y en su forma de trabajar. Y recuerda que es él quien tiene la responsabilidad última del área de Personal, ya que ningún concejal dispone de firma delegada, y de las cuestiones relacionadas con la Policía municipal, puesto que asume personalmente el área de Seguridad. Secunda sus palabras y se muestra convencido de que "estas calumnias" surgen a raíz de una disputa entre trabajadores.

Y es que el fondo de la cuestión reside en un clima laboral enrarecido, tal y como admiten los dos sindicatos. Los enfrentamientos entre compañeros, resaltan fuentes de la plantilla municipal consultadas, impiden avanzar en la RPT que el gobierno local pretende poner en marcha para equiparar salarios y condiciones a las categorías profesionales y funciones que desempeña cada trabajador.

Tanto Rodal como Iglesias reconocen que los salarios de la plantilla del Concello son "muy bajos", por eso promueven esta reorganización que se negocia desde enero para incrementarlos hasta 300.000 euros en tres años. El alcalde asegura que en el presupuesto de 2018 figurará una partida de 100.000 euros para este fin.

Paralelamente a esa RPT, los diez policías que realizan turnos de noche, agrupados en el sindicato Asociación Sindical Independiente de Baiona (ASIB), exigen desde hace años una compensación por ser los únicos de la plantilla que trabajan en dicho horario. Habían llegado a un acuerdo con el alcalde, provisional hasta que se aprobase la RPT, para recibir un plus de nocturnidad real, distinto al que perciben los otros cinco compañeros que solo acuden a su puesto de trabajo por las mañanas de lunes a viernes y a los operarios de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria, acordado en su día por la "penosidad" de sus tareas y erróneamente denominado de "nocturnidad".

Pero los representantes de los demás sindicatos tumbaron dicho preacuerdo en la mesa de negociación e impidieron que se recompensen los turnos de noche. Como respuesta a ese rechazo "insolidario", ASIB decidió acudir a los tribunales para denunciar los complementos de nocturnidad que consideran irregulares y exigir su devolución a los trabajadores que los perciben. La tensión por este asunto es máxima, ya que existen sentencias que han obligado a funcionarios de concellos como el de Lugo a restituir el dinero cobrado de más.