La Comunidad de Montes de Salvaterra de Miño lleva desde el año 2013 solicitándole al Concello de Salvaterra un alquiler anual por tener instalado en terrenos comunales el depósito de agua municipal y una antena WiFi. El depósito de agua está situado en el monte Garradiña, en el que la comunidad posee 11 hectáreas, mientras que la antena WiFi se ubica en el monte Castelo, donde los comuneros disponen de 3 hectáreas.

Después de solicitar reuniones y presentar una propuesta de contrato por registro de entrada, los comuneros alcanzaron un acuerdo verbal con el gobierno local en agosto de 2015. El arquitecto municipal propuso pagarles anualmente 1 euro por metro cuadrado ocupado, es decir 2.530 euros por el depósito de agua y 4 euros por la antena WiFi.

Los comuneros, disconformes con la cuota propuesta por albergar la antena WiFi, siguieron exigiendo mayor cuantía y argumentaron que el Concello recibe 3.000 euros por tener instalada en terreno municipal una antena de telefonía móvil. Finalmente, el Concello accedió a abonarles 1.500 euros anuales por la antena.

El contrato final firmado entre Concello y Comunidad de Montes establece el pago de 4.030 euros al año desde 2015, lo que eleva a 12.090 euros la cantidad que el Concello adeuda actualmente a los comuneros.

Alcanzado este acuerdo, el presidente de la Comunidad de Montes de Salvaterra, Antón Lourenzo, se queja ahora de que el Concello les está "dando largas" y no les abona la cantidad acordada. "Primero nos dijeron que se iba a incluir el pago en la última modificación de crédito, después en el Presupuesto de 2017 y ahora nos dicen que en el Presupuesto de 2018 y no queremos que el pago se dilate más en el tiempo", señala el presidente.

Abono en el primer trimestre

Por su parte, el alcalde de Salvaterra, Arturo Grandal, confirma que se incluirá partida en los presupuestos de 2018 para abonarles la cantidad acordada. "Como ya les comunicamos a ellos se les va a abonar en el primer trimestre", dice el alcalde.

El depósito de agua lleva en terreno comunal alrededor de 30 años pero ha sido la nueva directiva, que tomó posesión en 2012, la que decidió reclamar un alquiler al Concello para lograr fondos que les permitan deslindar, ordenar y limpiar el monte, además de efectuar plantaciones.