La falta de un informe del Registro de la Propiedad que diga textualmente que el terreno que el Concello de Salceda de Caselas cedió a la Xunta para el Centro de Salud es Patrimonial, mantiene paralizado y sin avance la construcción del edificio, que demandan los vecinos de esta localidad desde hace más de una década.
Aunque el certificado enviado asegura que la finca está libre cargas y gravámenes, la Xunta exige además que figure estrictamente "su carácter patrimonial" y afirma que este es un requisito necesario para continuar con el procedimiento.
De esta forma, el avance del proyecto entra en un callejón sin salida y la consellería de Sanidade frena la inversión en Salceda, ya que el Registro de la Propiedad no puede informar que la parcela es Patrimonial, pues la misma ha sido obtenida por un procedimiento de planeamiento, y está destinada exclusivamente a uso sanitario.
El terreno, según consta en un informe jurídico que el Concello envió a la Xunta, no necesita ser declarado como bien Patrimonial "ya que se trata de una parcela de dominio y uso público, afectada a la construcción de un equipamiento público sanitario, que se pretende transmitir a otra administración pública para que implemente el uso que motivó la afectación".
La exigencia se une al historial de retrasos del Centro de Salud de Salceda, seis años después de que el Pleno cediese el terreno. Otros problemas como una distinta referencia catastral ya fueron resueltos.
Pasó más de un año, fue en marzo de 2016, desde que el conselleiro Vázquez Almuiña, parecía estar dispuesto a dar un impulso al viejo y necesario proyecto y firmó con el alcalde en el Concello de Salceda, Marcos Besada, el convenio que establecía los pasos a dar.
Pero a partir de ahí las administraciones, consellería de Sanidade y Ayuntamiento, solo se giraron oficios -ahora ya por vía electrónica, que llegan más rápido- y no consta que directivos de la consellería tratasen con el concello el problema ni por parte del concello se viajase a Santiago para buscar un punto de acuerdo.
El convenio establecía, también, una comisión de seguimiento para precisamente resolver "controversias" como la actual, pero a pesar de la importancia de las mismas no fue convocada ni se mantuvo reunión alguna.
Además de los escritos, la Xunta ha emitido una nota de prensa en la que pide al Concello que reinicie los trámites, comenzados hace seis años.
