La alcaldesa de Oia todavía no ha pagado la multa, pero no descarta hacerlo. "Teño un procedemento xudicial e teño que cumprilo porque, se non, entro nunha ilegalidade", afirmó ayer. No obstante, Cristina Correa se reunirá esta misma semana con su abogado para analizar los términos de la providencia y tomar decisiones.
Por el momento, su gobierno defiende el informe presentado ante el juzgado que respalda la posible legalización, al menos parcial, del complejo y espera evitar el derribo, ya que considera que causaría un daño irreparable no solo por la pérdida de puestos de trabajo y por el daño a la imagen turística de Oia, sino también por las elevadas indemnizaciones que la sociedad propietaria reclamaría al Concello, de 18 millones de euros.
