El conflicto mantenido durante años entre el Concello de Redondela y una planta de hormigones de Vilar de Infesta podría salirle caro a las arcas municipales. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vigo celebró ayer una vista tras la demanda de daños y perjuicios solicitada por la empresa cementera, el Grupo Hormigones JCA -que en 2013 entró en concurso de acreedores-, al considerar que la anulación de la licencia de apertura y actividad por parte del Ayuntamiento les supuso un grave quebranto económico.
La compañía presentó una reclamación patrimonial en principio de 1,2 millones de euros, aunque posteriormente rebajaría esta cantidad a menos de la mitad al renunciar a muchas partidas en su demanda. La vista se celebró ayer aunque no se cuantificó el montante definitivo al no acudir al juicio el perito que realizó la valoración de los daños causados a Hormigones JCA, por lo que no pudo defender su informe. Así, este punto quedó aplazado hasta que se presente el escrito final a todas las partes.
El abogado del Concello, Alfonso Pereira, considera que la empresa realizó la reclamación de daños y perjuicios basándose en la facturación de cuando tenía la contrata para fabricar las dovelas de hormigón para las obras del túnel del AVE de As Maceiras, aunque luego la empresa se hundiría y cuando cerró sus instalaciones en la parroquia de Vilar de Infesta ya estaba muy mal, por lo que no se puede acreditar unas pérdidas tan elevadas por la anulación de la licencia.
La cementera redondelana trabajó durante años avalada por una licencia de apertura y actividad que fue otorgada en diciembre de 1998 por el Concello, en aquel tiempo dirigido por el popular Amado Ricón. Sin embargo, las denuncias presentadas durante años por un vecino que residía en las inmediaciones de la fábrica por las molestias que causaba su actividad obligaron al Ayuntamiento a iniciar un procedimiento para la revisión de la licencia en base a una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo, confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en marzo de 2007.
Finalmente, en el año 2008, una una resolución de la Alcaldía ordenaría la anulación de la licencia de apertura y actividad de la empresa, en conformidad con un dictamen del Consello Consultivo de Galicia con carácter preceptivo y vinculante, por incumplir el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
El dictamen del Consello Consultivo señalaba que se cometió una "clara infracción urbanística", puesto que el emplazamiento, según consta en el documento, "no permitía la instalación de una fábrica de tal naturaleza, cuestión que debía haber tenido en cuenta [el Concello] en el momento de otorgar la licencia de actividad, pues vicia de nulidad la misma". Además, según la resolución, la licencia también se concedió "sin la correspondiente autorización del organismo de cuenca para la realización de vertidos".
