La Xunta y el Concello de Gondomar volverán a verse en los tribunales por el polémico bombeo fallido en la céntrica urbanización de As Garzas. Augas de Galicia acudirá de nuevo a la vía judicial para reclamar al Ayuntamiento, como mínimo, más de dos millones de euros por bloquear el saneamiento. Lo hará con una sentencia favorable en la mano. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Vigo le ha dado la razón en su primera ofensiva y ha anulado la orden municipal de paralización de las obras que el departamento autonómico inició junto al río Miñor a finales de 2015 para instalar una estación de impulsión con el fin de completar la red de alcantarillado y mejorar la eficacia de la depuradora.
La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio hizo público ayer este fallo judicial, que le abre la puerta a la reclamación millonaria. Aunque no concreta cuánto dinero exigirá al Concello a través de los juzgados, indica que prevé reclamar una compensación por las consecuencias directas de la parálisis de los trabajos, dado que tendrá que indemnizar a la constructora que los llevaba a cabo, así como por las que se deriven por dejar de ejecutar más de 1,7 millones del proyecto integral -cuya inversión total superaba los 3 millones- iniciado con la instalación de colectores en diversas parroquias. Exigirá también la restitución de las ayudas europeas que la Xunta deberá devolver a la UE, que suman 1,8 millones. En total, la cantidad podría superar los 3 millones, aunque habrá que esperar a la demanda para conocer la cifra exacta.
Licencia y lealtad institucional
El pleito arrancó el pasado julio. Augas interponía entonces el recurso contencioso contra la orden de paralización del Ayuntamiento, firmada por el concejal de Urbanismo, Antonio Araúxo en diciembre de 2015, para detener las obras al considerar que carecían de licencia, como indicaba el informe del secretario municipal.
La sentencia rechaza este argumentos, según indicó ayer la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, y califica la decisión municipal de "actuación contraria al principio de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional". El departamento autonómico asegura que el magistrado entiende que Araúxo no tenía competencias para parar los trabajos y que lo hizo en contra de un acuerdo plenario previo, "prescindindo dunha forma total e absoluta do procedemento legalmente establecido para este tipo de situacións".
Augas de Galicia lamenta que "pola actitude irresponsable dos dirixentes municipais se perdese a oportunidade de rematar unha obra de gran importancia e moi necesaria para o saneamento dos cursos fluviais do municipio, Miñor e Zamáns, e que repercutiría de forma positiva no saneamento da ría de Baiona".
