La propuesta de contratación de un servicio de control y vigilancia del trabajo prestado por la empresa FCC en la recogida de residuos sólidos, limpieza viaria y gestión del punto limpio en Ponteareas llegará al pleno de hoy de la mano de los ediles de Alternativa Ciudadana de Ponteareas (ACiP). La iniciativa parte "de la situación que vive este Concello de descontrol en la vigilancia de los servicios privatizados", asegura Juan Carlos Carrera, portavoz de ACiP.

Desde esta agrupación defienden que los ayuntamientos que tienen servicios privatizados de este tipo disponen de estos contratos de control y que el coste final es un ahorro para el Concello, "pues los incumplimientos de la empresa concesionaria tendrían, en este caso, multas lo que daría, de sobra, para pagar este servicio y que se prestase uno óptimo". En este sentido, desde ACiP recuerdan que se trata de un servicio que cuesta más de un millón de euros anuales, "los cuales pagamos todos los vecinos con los impuestos municipales y, en cambio, no tenemos la garantía de que se cumpla el contrato".

El hecho de que no se cumpla lo contratado, este grupo municipal lo justifica en las "muchas denuncias y reclamaciones vecinales" que reciben acerca del funcionamiento del servicio.

Un contrato que además arrastra la polémica de la revisión de precios. Según ACiP el Consello Consultivo de Galicia avala la revisión de precios, a través de la cual el Concello de Ponteareas ahorraría unos 126.000 euros anuales. El PP en su momento, ya presentara una moción para que se ejecutase dicha revisión, advirtiendo de los informes de Secretaría y de Intervención que obligaban a aprobar la revisión de precios, reclamándole también a FCC cerca de 800.000 euros que cobró de más.

Negociación

Precisamente, en marzo de este año, se aprobó en pleno la propuesta del gobierno local de abrir una nueva etapa de diálogo con FCC. Fase que se anunció tendría una duración de seis meses pero tras el paso del tiempo, tanto desde ACiP como desde el PP aseguran desconocer si hubo algún acuerdo adoptado al respecto. Lo negociado era tanto los 800.000 euros que FCC debe al Concello, como los 300.000 euros que la administración local está obligada a pagar en concepto de interese de demora a la empresa.

En este sentido, Carrera indica que "a fecha de hoy la empresa sigue reclamando dicha cantidad al Concello, sin embargo el Concello no pone en marcha la reclamación de los 800.000 euros que FCC le debe, con lo cual no es entendible ni justificable".

Por su parte, desde el gobierno local no han querido pronunciarse al respecto.