El Concello de Baiona impedirá la instalación de terrazas a las discotecas, de manera que la única existente en el municipio, Villa Rosa, pierde el derecho a ejercer su actividad en sus exteriores. El negocio ha funcionado a lo largo de todo el verano de puertas para dentro por orden judicial. Una medida cautelar decretada a la espera de que se resuelva el proceso penal contra sus dueños y contra el anterior alcalde, ahora conselleiro de Sanidade en funciones, Jesús Vázquez Almuiña, abierto tras la querella de una vecina que los acusa de un supuesto delito medioambiental y otro de lesiones por exceso de ruidos. Pero ahora es la propia normativa municipal la que prohíbe al establecimiento hacer uso de los jardines de su finca señorial.
La Corporación municipal aprobó ayer de forma definitiva la nueva ordenanza de terrazas, solicitada por la Asociación de Comerciantes y Empresarios (Aceba) para regular tanto las que se ubican en la vía pública como las existentes en propiedades privadas y garantizar así su seguridad jurídica. La normativa había obtenido el apoyo unánime de los grupos políticos en julio, cuando se planteó su aprobación inicial. Pero durante su exposición pública, aparecieron dos alegaciones formuladas por la denunciante de la discoteca. Una, desestimada, en la que pedía su nulidad porque consideraba que el gobierno municipal trataba de favorecer con ella a los propietarios de la sala y otra que reclamaba una regulación específica para las discotecas con el fin de controlar sus horarios, aforos y ruidos.
Contaminación acústica
Atendiendo a esta última propuesta de la querellante, el gobierno popular va más allá y decide no autorizar las terrazas a las "salas de fiestas, discotecas, salas de baile, tablaos flamencos, café-teatro, cafés-concierto y cafés-cantante" ni renovar tampoco las licencias para ejercer actividades en el exterior a cualquier establecimiento que haya sido sancionado por contaminación acústica, como ocurre en el caso de Villa Rosa.
El PP sacó adelante la normativa en solitario, con los votos en contra de PSOE y BNG y la abstención de IU-SON, en un pleno al que no asistió la concejala de Urbanismo, Ana Simons, hermana e hija de los dueños de la mencionada discoteca. Su ausencia dejó al gobierno con ocho ediles y obligó al alcalde, Ángel Rodal, a hacer uso de su voto de calidad para desempatar las posturas durante el debate.
Y es que los también ocho concejales de la oposición plantearon dejar sobre la mesa la cuestión en busca de un consenso para buscar una solución al problema. Sus portavoces lamentaron que el equipo de gobierno incorporase la alegación de forma unilateral, sin informarlos ni tratar de alcanzar acuerdos tanto con las partes afectadas en el conflicto judicial como con Aceba.
La concejala de Medio Ambiente, María Iglesias, defendió la prohibición porque "las licencias de las discotecas establecen que su actividad debe ejercerse en el interior, con puertas y ventanas cerradas". Afirmó que el gobierno "no quiere perjudicar a ningún empresario, pero la legislación marca las pautas y existe jurisprudencia en diversas comunidades autónomas que niega la posibilidad a estos negocios de tener terrazas".
El socialista Rafael Lores aclaró quela alegación no reclama la prohibición sino la regulación específica en el caso de las discotecas e insistió en la necesidad "de chegar a acordos para compatibilizar a súa actividade co descanso dos veciños" . "O Concello non pode lexislar en contra dunha empresa", dijo. Por su parte, el nacionalista Iago Pereira lamentó también la falta de transparencia del gobierno y lo instó a "facer unha ordenanza que evite problemas no futuro", mientras que Silvano Montes, representante de IU, se pronunció en similares términos.
