Además de las declaraciones de los administradores de las empresas contratadas, el Fiscal recuerda que diferentes informes policiales "permiten establecer una relación de amistad o intereses comunes entre los investigados y los favorecidos por sus actos".

También razona que por parte del ex alcalde se conocía que actuaba al margen de la legalidad, al ser advertido de forma reiterada.

La prevaricación administrativa es un delito que se condena con penas de inhabilitación para ejercicio de empleo o cargo público.

Mientras el exteniente de alcalde, José Manuel Jacobo Vázquez, ya está apartado de la actividad política, Nelson Santos continúa siendo concejal del PP aunque ya no es portavoz municipal de su partido.