El Juzgado de lo Social número 4 de Vigo ha desestimado la demanda interpuesta por la persona que durante dos años hizo trabajos de mantenimiento y gestión informática para el Concello do Porriño, en la que señalaba que el cese del contrato que mantenía con el Ayuntamiento vulneraba la garantía de indemnidad, y no respetaba un supuesto vínculo laboral con la administración local, además de entender que la alcaldesa había atentado contra su dignidad con gritos, amenazas y faltas de respeto cuando, el pasado 22 de febrero le comunicó que no volviera a presentarse en el Concello.
La jueza entiende que "en el presente supuesto y de la prueba practicada, resulta acreditado que entre esta persona y el Concello se llevó a cabo un contrato administrativo, no laboral" y señala que "el demandante, después de suscribir un contrato de colaboración social en fecha 7 de febrero de 2013, que finalizó el 7 de abril de 2013, firmó un contrato administrativo para la prestación del servicio de administración y mantenimiento integral de los sistemas informáticos, asistencia y apoyo técnica en tareas de administración y gestión informática para el Concello do Porriño, lo cual, resta virtualidad a la tesis de que esta persona tuviera un contrato laboral con el Concello".
La junta de gobierno decidió rescindir definitivamente su contrato el pasado mes de abril por considerar, entre otras cuestiones, que existían problemas de seguridad con los datos del Ayuntamiento.
