El enfrentamiento entre el Concello de Gondomar y la Xunta por el polémico bombeo de As Garzas llega a los tribunales. El Ejecutivo gallego ha presentado un recurso en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Vigo contra la orden de paralización de las obras iniciadas junto a la céntrica urbanización As Garzas. Una demanda que por el momento no reclama una cantidad económica concreta, aunque insta al juez a fijar una cifra que compense la pérdida de la subvención europea de 1,8 millones de euros por no culminarse la obra, además de los 1,7 millones pendientes de ejecutar del proyecto de saneamiento integral del municipio y las posibles indemnizaciones a la firma contratista. Más de 3,5 millones en total.

La Xunta considera "nula de pleno dereito" la resolución del concejal de Urbanismo y teniente de alcalde, Antonio Araúxo, que ordenó paralizar las obras el pasado diciembre por carecer supuestamente de licencia.

Sus argumentaciones ante el juez reiteran que el proyecto, adjudicado en noviembre de 2011 por 3 millones de euros para renovar los colectores principales de todo el municipio e instalar un tanque de tormentas -convertido después en estación de bombeo- que evitase los desbordamientos de la depuradora y la contaminación al río Miñor y a la marisma de A Foz, no necesita autorización municipal. Insiste en que se trata de una obra de interés público que había sido aprobada en pleno y que ha sido promovida desde el ámbito municipal, ya que fue el Concello quien las solicitó, por lo tanto no requiere permiso urbanístico.

Incide asimismo la demanda en que Araúxo no tiene competencias para suspender los trabajos. En este sentido, el Gobierno autonómico insiste en que la Corporación aprobó por unanimidad el proyecto en noviembre de 2010 y que "en todo caso as competencias do pleno non son delegables no concelleiro de Urbanismo".

El texto del recurso contencioso destaca además que el Concello ha incumplido con la normativa sobre las relaciones entre las administraciones autonómica y local, que fija que ambas "axustarán as súas relacións aos deberes de información mutua, colaboración, coordinación e respecto aos ámbitos competenciais respectivos".

Ante estos fundamentos jurídicos, la Xunta recuerda al magistrado que los trabajos recibieron una ayuda de la UE de 1,8 euros que se perdería si no terminaban antes del 31 de diciembre de 2015. Indica además que, hasta el momento, Augas de Galicia ha abonado 1,3 millones por las obras realizadas -instalación de tuberías-, por lo que está pendiente la ejecución de otros 1,7 millones, mientras que el organismo autonómico ha retenido 309.623 euros en su contabilidad para la liquidación de la obra. Así, le solicita que, en el caso de que estime el recurso, "sexa o Concello de Gondomar quen responda económicamente de todas as consecuencias da paralización das obras: indemnizacións ao contratista, desfinanciamento pola UE, así como calquera outro gasto relacionado coa non culminación da actuación solicitada, promovida e aprobada polo propio Concello de Gondomar, e que se proceda á súa cuantificación en execución de sentenza".