El personal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Redondela se encuentra desbordado desde hace semanas debido a la falta de medios humanos y materiales, una situación agravada desde finales de mayo por las diligencias previas del caso conocido como "Minería Bitcoin". La complejidad de la causa, con más de treinta detenidos en diez provincia, alcanza ya los 23 tomos y más de 8.500 folios, por lo que obliga a uno de los dos funcionarios de la sección penal a dedicarse en exclusiva a este asunto, mientras que el otro trabajador se encarga de los procedimientos ordinarios y los asuntos de violencia de género.

"Si no llega ya un refuerzo esto se colapsa. Cada día se realizan una media de diez escritos con mucha documentación solo de esta causa, y al mismo tiempo, hay tramitar el resto de asuntos penales, los procedimientos ordinarios y los asuntos de violencia de género", explica el gestor del Juzgado nº2, que asegura que desde que se instruye el caso "Minería Bitcoin" tienen que acudir "incluso los fines de semana y festivos" para poder sacar adelante el trabajo.

La situación se complicó todavía más este mes con las vacaciones de verano de uno de los funcionarios, con lo que la carga laboral es ya inabordable para una sola persona.

Desde el pasado 31 de mayo el propio juzgado, ante el elevado volumen de trabajo por este asunto, solicitó un refuerzo para permitir al funcionario dedicarle el tiempo necesario a esta causa y, sobre todo, evitar el colapso de la sección penal, teniendo en cuenta que la nueva regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece plazos para la instrucción de las diligencias previas. También desde las centrales Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO) y Alternativas na Xustiza (CUT) han mostrado su apoyo a los trabajadores del juzgado redondelano. Sin embargo, pese a la crítica situación, desde la Dirección Xeral de Xustiza rechazaron la contratación de otro trabajador de apoyo al considerar que "no es urgente", según aseguran los sindicatos.

Mientras se acumula el trabajo, los funcionarios tienen que hacer frente a las quejas de los ciudadanos por el retraso de sus causas. "Las protestas son diarias y lo entendemos perfectamente, tienen toda la razón, aunque la gente también tiene que ser consciente de que si estamos colapsados no es por culpa nuestra, sino de la Administración. Nosotros no podemos hacer más de lo que hacemos", señala el gestor del Juzgado.